Unidad de Flagrancia de Lambayeque emite prisión preventiva contra cinco imputados por minería ilegal
Juzgado de Flagrancia reafirma su rol en la lucha contra los delitos ambientales y el crimen organizado.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, dictó prisión preventiva contra cinco ciudadanos investigados por la presunta comisión de delitos ambientales - delitos de contaminación en la modalidad de minería ilegal agravada, tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal y fabricación, comercialización y uso o porte de armas de fuego, en agravio del Estado peruano.
La medida fue dispuesta por la magistrada Dra. Doris Paola Nieto Lazo, titular del referido juzgado, quien, tras la audiencia de lectura de resolución, impuso esta medida coercitiva a Arnold Enrique Gómez López, José Alberto Acón Guerrero, David Laiza Tolentino, Elder Antony Rondó Alayo y Roger Alejandro Marcial Rosales, conforme al expediente N° 10487-2025-0-1706-JR-PE.
A los imputados se les atribuye la presunta comisión de los delitos de contaminación ambiental agravada (minería ilegal agravada), tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal y fabricación, comercialización o porte de armas de fuego, conductas tipificadas en los artículos 307°-B, 307°-E y 279°-G del Código Penal.
Este caso evidencia la eficacia del modelo de flagrancia implementado por el Poder Judicial, permitiendo una respuesta célere y firme frente a delitos que afectan gravemente al medio ambiente y al orden público. La Unidad de Flagrancia de la Corte de Lambayeque reafirma así su compromiso en la lucha contra la criminalidad organizada, en especial en contextos de minería ilegal, actividad que genera severos daños ecológicos y se encuentra muchas veces vinculada a otras formas de criminalidad compleja.
La acción articulada entre operadores del sistema de justicia ha permitido garantizar el respeto al debido proceso y al mismo tiempo brindar una respuesta oportuna frente a delitos de alto impacto en la región y el país.
