Senado estatal de EEUU aprobó proyecto de ley que aceleraría el proceso de desalojo de inquilinos

El Senado estatal de Texas aprobó recientemente el proyecto de ley SB 38, impulsado por el senador republicano Paul Bettencourt, con el objetivo de reformar el procedimiento de desalojo en el estado. La propuesta busca ofrecer a los propietarios una vía legal más ágil para recuperar sus propiedades, especialmente ante casos de ocupación sin autorización. Sin embargo, el texto legal no menciona directamente la ocupación ilegal o "squatting", lo que ha provocado cuestionamientos sobre su verdadero alcance, según informó The Dallas Morning News.

Esta iniciativa, presentada como una solución para evitar el uso indebido de inmuebles, ha despertado preocupaciones entre defensores de derechos civiles, funcionarios judiciales y legisladores demócratas. Sus críticos advierten que la SB 38 podría socavar el debido proceso al permitir que los jueces fallen a favor de los propietarios sin necesidad de una audiencia, siempre que los arrendatarios no respondan una declaración jurada en un plazo de cuatro días.

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SB 38: ¿en qué consiste el proyecto de ley aprobado por el Senado de Texas?

El proyecto SB 38 propone reformas sustanciales al código de desalojo de Texas. Entre los cambios más significativos se encuentra la introducción de un proceso de “sentencia sumaria” que permite a los propietarios solicitar al juez una resolución rápida si consideran que no existen hechos en disputa. Si el inquilino no presenta una respuesta escrita y jurada en el plazo estipulado, el juez podría decidir el caso sin audiencia.

Aunque esta disposición fue suavizada respecto a su versión inicial —donde la resolución automática en favor del arrendador era obligatoria—, sigue generando controversia. Especialistas legales como Mark Melton, del Dallas Eviction Advocacy Center, consideran que este mecanismo infringe principios constitucionales, ya que no garantiza un espacio adecuado para la defensa del inquilino.

Además, se contemplaron otras medidas que, tras recibir críticas, fueron modificadas o eliminadas. Una de ellas pretendía permitir a los propietarios presentar demandas de desalojo en precintos vecinos al de la propiedad, lo cual fue calificado por jueces como “selección de foro” y podría dificultar la asistencia de los inquilinos al proceso judicial. Actualmente, solo se permitirá ese cambio de jurisdicción si el caso no puede ser atendido en el plazo establecido por ley.

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Polémica por el impacto del SB 38 en comunidades vulnerables de Texas

El senador demócrata Royce West expresó su preocupación durante el debate legislativo, señalando que, aunque la intención de abordar la ocupación ilegal es válida, la redacción del proyecto afecta a personas que sí tienen relación contractual con los propietarios. “No estamos realmente enfrentando el problema del ‘squatting’; estamos regulando a quienes ya son inquilinos”, indicó.

Estudios recientes revelan que los desalojos afectan de manera desproporcionada a mujeres con hijos y a comunidades afroamericanas e hispanas en condados como Dallas. Esta realidad pone en duda la equidad del SB 38, sobre todo considerando la complejidad del sistema judicial para personas sin experiencia legal.

Por su parte, Sylvia Holmes, jueza de paz del condado de Travis, cuestionó la viabilidad de que un inquilino sin formación legal pueda redactar una declaración en tan poco tiempo. En su opinión, la nueva herramienta jurídica no resulta accesible y podría dejar a muchas familias sin la oportunidad de defenderse adecuadamente.

Reacciones y próximos pasos para el SB 38 en Texas

Tras su aprobación en el Senado, la SB 38 avanza hacia la Cámara de Representantes de Texas, donde encontrará una contraparte legislativa en la HB 32, presentada por la representante Angie Chen Button. Aunque ambas iniciativas comparten un objetivo común, sus textos aún difieren en aspectos clave, por lo que se esperan nuevas modificaciones antes de que puedan convertirse en ley.

El vicegobernador Dan Patrick ha mostrado su respaldo total al proyecto, destacando que establecería un proceso civil más rápido y predecible. No obstante, defensores de los inquilinos mantienen su preocupación por el debilitamiento de las garantías legales básicas.