El régimen agrario se derogaría tras 20 años de injusticia

Tras 20 años de vigencia, el régimen laboral agrario que paga solo S/ 39,19 al día (incluidas CTS y gratificación) a los trabajadores de la agroexportación sería derogado.

No solo el Congreso ya agendó en el pleno el debate del proyecto de ley N° 5759 del Frente Amplio, que busca eliminar la ley de promoción agraria y con ello, su régimen de trabajo, sino que el Ejecutivo también está a favor de derogar el capítulo laboral de dicha ley “porque creemos que corresponde aplicar el régimen laboral general, que da CTS, gratificación, utilidades y derechos laborales completos”, anunció ayer el ministro de Trabajo, Javier Palacios, tras reunirse con los trabajadores de Ica, quienes llevan tres días de paro (ver páginas 12 y 13).

El ministro informó que presentará un proyecto de ley ante el Consejo de Ministros que luego será derivado al Congreso. Además, alistará otra propuesta laboral para el sector que sería consensuada junto con los trabajadores.

Palacios indicó también que se dispondrá prohibir las services en las empresas agroindustriales y de agroexportación, las cuales fomentan un mayor nivel de informalidad. Para ese objetivo, el ministro señaló que se sumarán 50 nuevos inspectores a Sunafil-Ica.

Solo en Ica hay cerca de 80 mil trabajadores que verían mejorar sus derechos laborales de aprobarse la ley en el Legislativo, dijo David Huaranca, secretario de la CGTP en esa región. En el país serían más de 400 mil, según la planilla de Sunat.

Acceso a la negociación

Pero los trabajadores en Ica aún exigen que el salario diario sea de S/ 60. Este tema se vería hoy en una mesa de trabajo con los representantes de las empresas agroindustriales.

Y es que justamente con la actual ley se les restringe a los trabajadores poder sindicalizarse y lograr así beneficios laborales a través de negociación colectiva.

Al 2019, solo el 1,2% de los empleados en esta actividad están sindicalizados, y solo de esa forma obtienen ciertas mejoras laborales anuales. Pero no es la situación de la mayoría. La realidad se refleja, en parte, con las recientes cifras de la Sunafil, que en los últimos seis años se colocaron multas por S/ 17.700 millones a empresas de Ica por infracciones laborales, la mayoría pertenecían al sector agrario.

Otro estudio titulado “Hasta la última gota” de la Universidad KU Leuven de Bélgica del 2017, ya advertía que en Ica “el salario promedio mensual en el sector agroexportador solo cubre los costos de vida de una persona, pese a que la mayoría tienen familia: el 28% de los hogares de la muestra están por debajo de la línea de pobreza”.

A favor de modificaciones

El exministro de Agricultura Milton Von Hesse dijo a La República estar de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, pero calificó de “irresponsable” que se quiera eliminar “toda la ley”.

“Esa norma generó que se hagan las inversiones que nos permitieron ingresar a los mercados internacionales, generando casi medio millón de empleos”, señaló. Aunque admitió que “sí es posible mejorar los artículos laborales”. Insistió que de derogarse la ley “de un día para otro las grandes empresas podrán adaptarse, pero las medianas y las pequeñas tendrán complicaciones financieras y comerciales”.

Por el mismo sentido, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) también se expresó a favor -mediante un comunicado- de hacer mejoras laborales a la ley y eliminar las services.

“Consideramos que deben producirse cambios en las condiciones de los trabajadores formales del sector, defender sus empleos y el crecimiento de las actividades productivas, reconociendo la estacionalidad de este sector como una condición fundamental”, anotaron.

Eduardo Zegarra, investigador de Grade, sostuvo que la norma actual permite plenamente la precarización laboral en un sector que logra altas utilidades al año, pero a las que no acceden, justamente porque se les limita la sindicalización.

Recordó que las agroexportaciones lograrían este año envíos por casi US$ 8 mil millones y para el 2021 llegarían a los US$ 10 mil millones. Ello sin contar que el crecimiento de este año es producto de que la actividad no paró en pandemia y los trabajadores continuaron asistiendo pese a la emergencia.

Focalizar beneficios

La crítica situación en Ica también abrió el debate respecto a la permanencia de una ley de promoción que nació hace 20 años para impulsar el crecimiento de una actividad, pero que de lejos ya habría logrado su objetivo.

Así, hoy hay empresas como Camposol (con sedes en varios países), Drokasa -ligada a José Chlimper, autor de la ley de promoción agraria-, Agroindustrial Beta, Casa Grande (de Gloria) que tienen entre 23 y 25 años en el mercado peruano y “que podrían entrar al régimen general laboral y tributario” -dice Fernando Cuadros-, pero que siguen pagando 15% de impuesto a la renta y 6% a Essalud” (otras actividades pagan el 9%).

En los próximos días se verá la propuesta final del Ejecutivo y la decisión de los congresistas.

Comisión Agraria cita a los ministros

La Comisión Agraria del Congreso reprogramó para hoy la citación a los ministros de Trabajo y Agricultura a fin de que informen sobre la implementación de mejoras laborales, remunerativas de salud, de los trabajadores del sector agroexportador y agroindustrial.

Asimismo, se espera que este jueves se instale una mesa de diálogo “para la atención de demandas de nuestros agricultores”, indicó el presidente de la Comisión, Raúl Machaca.

El congresista enfatizó que evaluarán el decreto que amplió la ley hasta el 2031.

Reacciones

Javier Palacios, ministro de Trabajo

“Llevaremos ante el Consejo de Ministros un proyecto de ley que busca derogar el capítulo laboral de la Ley 27360, porque creemos que lo que corresponde es aplicar el régimen laboral general”.

Eduardo Zegarra, investigador de Grade

“Los trabajadores agrícolas trabajan más de nueve horas sin descanso, sin espacio para alimentarse, sin acceso adecuado a servicios. Es una ley que no genera ninguna responsabilidad a las empresas”.

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