El 76% de trabajadores suspendidos no son de microempresas

El martes el Ministerio de Trabajo aprobó un Decreto Supremo en el que señala que las empresas deberán aplicar otras medidas—adelanto de vacaciones, reducción de horas de trabajo y salarios—, antes de recurrir a la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, aún existen vacíos y contradicciones que alientan la inequidad entre empresas y trabajadores, además de sumar una gran incertidumbre económica en estos últimos.

Para comenzar, es necesario recordar las declaraciones de la titular del MTPE, Sylvia Cáceres, en una reunión virtual de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). “Los pequeños negocios, principalmente microempresas, han hecho saber al gobierno su incapacidad con cargo a condenarlas a la inviabilidad económica de mantener este esquema. Por eso, se ha aprobado una norma que permite a este tipo de empresas optar por la suspensión perfecta".

En ese sentido, las mypes serían las beneficiarias, pero cuando la norma se aprobó –el 13 de abril– no se detallaba así y, por ende, dejó abierta la posibilidad de de que la licencia sin goce de haber sea utilizada hasta por las grandes compañías. Tras esto, empresas como Graña y Montero, Cineplanet, Nessus Hoteles Perú (Casa Andina Perú) enviaron sus solicitudes de suspensión, así como otras que lo hicieron incluso antes de que se publique el decreto.

Ahora, en solo una semana 7.124 empresas ya solicitaron suspender a 84.345 trabajadores –de este total, más de 60 mil no son de microempresas, es decir el 76% del total. (44 mil pertenecen a las grandes empresas).

Al respecto, Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, consideró que serán más trabajadores suspendidos. Y estimó que 3,8 millones de empleados –el total del sector formal– quedarían en el aire al ser incluidos bajo esta modalidad.

En ese sentido, explicó que en la norma hay un punto que indica que aquellas empresas que acrediten que en el mes anterior hayan tenido ventas a S/ 0, de frente podrán proceder con la suspensión perfecta.

“La mayoría de empresas están paralizadas, entonces, la mayoría se acogería a esto, habrá fiscalización, pero se sabe que los inspectores no son demasiados, por ende, habrá una gran demora”, acotó Cuadros.

Asimismo, se debe anotar que el decreto permite el silencio administrativo positivo. Es decir, si el MTPE no emite resolución en plazo de siete días hábiles posteriores a la verificación –por parte de Sunafil–, dicha resolución se da por aprobada en favor de la empresa.

Ante ello, Cuadros acotó que solo existen 600 inspectores para revisar las más de 7 mil solicitudes, que se multiplicarían con el paso de los días. Lo cual dificultaría la investigación, ya que el análisis de estas se podría extender hasta diciembre.

Empresas con beneficios

Como se recuerda, la ministra de Trabajo sostuvo que sería un “sinsentido” que una empresa solicite la suspensión si se está acogiendo a beneficios del Estado, por lo que su solicitud sería rechazada.

Al respecto, Cuadros mencionó que las normas evidencian que lo dicho por Cáceres no se cumple. Y recalcó que realizar un cambio en este aspecto es complicado, ya que un Decreto Supremo no podría modificar el Decreto de Urgencia, por el rango de ley.

1,7 millones de empleos formales en riesgo

- Según el Ministerio de Trabajo, de los 3,8 millones de trabajadores formales del sector privado, 1,7 millones de empleos estarían afectados por la paralización de actividades a causa de la emergencia nacional.

- Siendo los trabajadores pertenecientes a la construcción los potencialmente más afectados, seguidos por los empleados de comercio, restaurantes y hoteles.

- Asimismo, unos 2,6 millones de empleos formales están sujetos a contratos a plazo fijo; es decir, tienen contratos temporales. De los cuales, 924 mil trabajadores tienen contratos de menos de 2 meses de duración, y cerca de la mitad de ellos trabajan en actividades paralizadas.

- Mientras que solo 1,2 millones están con contratos a plazo indeterminado.

- Además, en el marco de la emergencia, alrededor de 178 mil 473 trabajadores finalizaron sus labores.

Los datos

- Subsanar criterios. El viceministro de Trabajo, Juan Requejo, señaló que la mayoría de empresas que han enviado su solicitud aún no “agotan” las medidas previas a la suspensión perfecta. Precisó que estas tendrán que subsanarse en el plazo máximo de 5 días.