¿Qué pasó en el Andahuaylazo, hecho por el que Antauro Humala fue condenado y no se arrepiente?

El mayor del Ejército del Perú (r) Antauro Humala y su hermano, el comandante (r) Ollanta Humala —después presidente—, encabezaron un levantamiento en Locumba, Tacna, contra la dictadura de Alberto Fujimori, el 29 de octubre de 2000. Ese suceso fue el primer alzamiento del movimiento etnocacerista, de línea ultranacionalista y antiimperialista, en el país.

Por esa sublevación, los consanguíneos fueron apresados y procesados por los delitos de rebelión, sedición e insulto al superior. Al poco tiempo, el 21 de diciembre del mismo año, fueron liberados con amnistía por el Congreso de la República durante la transición democrática de Valentín Paniagua.

En el primer mes de 2003, con Toledo como jefe de Estado, el mayor de los Humala fue mandado a Francia como adjunto a la Agregaduría Militar, lo que se conoce como “agregado militar”. En tanto, Antauro se constituía en la opinión pública como un opositor al Gobierno; y, en el medio de comunicación que fundó, criticaba a los altos mandos de las Fuerzas Armadas pertenecientes al Ejecutivo. Desde entonces fue respaldado por los seguidores del etnocacerismo, de mayoría reservista.

Antauro decidió autodefinirse como “perseguido político” después de que, en junio de 2004, fue denunciado ante la Cuarta Fiscalía Provincial por delitos de sedición, conspiración para rebelión contra el Estado y el orden constitucional; además de la acusación hecha desde la Procuraduría del Ministerio del Interior por tenencia ilegal de armas.

En diciembre de ese año, Ollanta Humala fue pasado a retiro. La orden hecha por el comandante del Ejército Peruano, general (r) Luis Muñoz Díaz, ignoró los informes entregados de inteligencia del Ministerio del Interior sobre una consecuencia desbordante desde el etnocacerismo, como informó la revista Caretas.

Historia del Andahuaylazo

Junto a sus 150 adeptos, el mayor del Ejército del Perú (r) Antauro Humala aprovechó el escaso personal policial residente en la comisaría de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, para arremeter contra el local. Era la madrugada del 1 de enero de 2005 y solo había 10 oficiales. El resto andaba en descanso por fiestas.

El primer enfrentamiento ocurrió cuando una patrulla reducida de efectivos pretendió retomar el control del centro policial. Ambos bandos tuvieron bajas. Después de ese intento, 17 soldados fueron tomados como rehenes. De igual forma, armas y municiones de la comisaría terminaron en control de los etnocaceristas.

A la madrugada del segundo día, los reservistas emboscaron una patrulla del Escuadrón Verde alrededor de la comisaría y asesinaron a cuatro policías: Carlos Cahuana Pacheco, Luis Chávez Vásquez, Ricardo Rivera Fernández y Abelardo Cerrón Carbajal.

Mientras tanto, el presidente Alejandro Toledo se encontraba de vacaciones en Punta Sal.

Una vez avisado, el ahora investigado exmandatario regresó para declarar en estado de emergencia a la región Apurímac, al tiempo que ordenó la asistencia de 300 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).

El 3 de enero, tras hablar con el general de la Policía (r) Félix Murazzo, Antauro fue arrestado en la Municipalidad de Andahuaylas. Al día siguiente, la tensión cesó cuando, vía carta, anunció que los etnocaceristas debían rendirse en armas.

Humala Tasso fue condenado por la Corte Suprema del Perú a 19 años de prisión efectiva. Se le imputaron los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma. Pese a que se tenía previsto una pena de casi dos décadas, la defensa del excombatiente solicitó su libertad por redención de la pena en tres ocasiones. Fue en la cuarta, cuando se cumplió el plazo, que accedió al beneficio.

Antauro estudió y trabajó durante 3.667 días para reducir su condena en 1 año y 7 meses, según la resolución emitida por el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penal Ancón II. Estuvo enrejado 17 años, 7 meses y 14 días.

Modelo insurreccional como dispositivo de propaganda

En su texto “Andahuaylas: el límite de la traducción política“, el sociólogo y psicoterapeuta Guillermo Nugent consideró la arremetida etnocacerista como un “dispositivo de propaganda para tener una mayor participación en las intenciones de voto de los ciudadanos“. Para entonces era 2005 y al año siguiente fueron los comicios presidenciales.

A su juicio, la ideología que encarna Antauro, como en tantas otras agrupaciones independientes, pretende “traducir emociones y con ello (...) ganar la mayor cantidad posible de votos“. Sin embargo, simplificar la política a su dimensión traductora “equivale a minimizar la representación de intereses“ siempre consecuencia de “hacer explícitos los múltiples intereses que se conectan (...) en la vida social“. En el caso del etnocacerismo, aunque es cierto que el “movimiento tiene importancia (...), su mayor eficacia política está en el gesto insurreccional y en establecer una suerte de identificación entre el uniforme y la raza“.