Cinco educadores para 180 internos: PRONACEJ admite que “muchos salen igual a como entraron” ante falta de personal

El sistema de justicia penal juvenil atraviesa una crisis que va más allá del número de internos que pueden albergar los centros juveniles. El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) ha puesto en marcha un plan integral de deshacinamiento que combina la variación de medidas socioeducativas, la redistribución de internos según su perfil de riesgo, el traslado de jóvenes considerados peligrosos y la ampliación de ambientes en Lima y Pucallpa.

La estrategia parte de una situación que ya había sido advertida meses atrás. En mayo, seis de los nueve centros juveniles del país presentaban sobrepoblación y cerca del 60% de los internos había alcanzado la mayoría de edad, aunque continuaba cumpliendo una medida socioeducativa por infracciones cometidas cuando era menor.

En julio, el PRONACEJ informó que siete de cada diez centros juveniles presentaban sobrepoblación y que, en promedio, ingresaban unos 150 adolescentes cada mes. Como parte de la primera etapa del plan, se planteó revisar alrededor de 300 casos que podrían acceder a libertad o semilibertad, trasladar a otros 300 jóvenes considerados de alto riesgo y habilitar nuevos espacios con capacidad para 230 internos en Lima y Pucallpa.

Ahora, la gestión reporta nuevos avances. De acuerdo con Luis Vega, director ejecutivo del PRONACEJ, en el ámbito nacional ya se han presentado 240 expedientes de adolescentes que cumplen los requisitos para solicitar una variación de su medida de internamiento por libertad o semilibertad.

PUEDES VER: Nuevo control en cárceles: militares revisarán a todos los que ingresen a estos cuatro penales

240 expedientes para reducir la población interna

La estrategia de deshacinamiento no contempla una liberación indiscriminada. De acuerdo con Vega, se trata de casos que cumplen requisitos previamente establecidos, como haber cumplido al menos la tercera parte de la sentencia, contar con un informe favorable del equipo técnico interdisciplinario y registrar infracciones leves o moderadas.

"Nos hemos asegurado de que han cumplido al menos la tercera parte del tiempo de sentencia impuesto por la autoridad judicial, que cuentan con el informe favorable del equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil, que sus infracciones son leves o moderadas, entre otros, que garantizan que su nivel de riesgo para la sociedad es cero", explicó.

La medida busca atacar uno de los principales problemas del sistema: mientras los centros permanecen saturados, los equipos encargados del tratamiento tienen dificultades para realizar un seguimiento individualizado. En junio, el propio PRONACEJ había advertido que algunos equipos técnicos atendían hasta 150 internos, cuando el estándar considerado adecuado era de unos 50.

El director reconoce que esta falta de personal tiene una consecuencia directa: la seguridad termina desplazando al tratamiento socioeducativo.

PUEDES VER: Trasladan a 16 jóvenes de alto riesgo del Centro Juvenil de Lima al penal de máxima seguridad en Ancón

Cinco educadores para 180 internos en Lima

El problema del PRONACEJ no termina en las paredes de los centros juveniles. La falta de personal especializado limita la capacidad del Estado para ejecutar un tratamiento individualizado. Vega puso como ejemplo el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima: cinco educadores atienden patios que albergan a unos 180 internos.

"Con matemática básica, cada profesional debe asistir, acompañar y guiar a 36 jóvenes a la vez", señaló. La consecuencia es que el sistema termina priorizando la contención antes que la rehabilitación.

"Sin duda alguna, muchos salen igual a como entraron. Y eso es porque el personal con el que cuenta el PRONACEJ es insuficiente", reconoció el funcionario. El propio director plantea una pregunta que resume uno de los principales problemas del sistema: "¿Qué tanta posibilidad hay de que se logre una real reinserción a la sociedad con esas carencias?".

Lima: 21% de hacinamiento y redistribución por riesgo

El CJDR de Lima es el establecimiento más grande del país y actualmente registra, según el director, un 21% de hacinamiento. La respuesta inmediata ha sido reorganizar a la población interna de acuerdo con sus perfiles y niveles de riesgo. En particular, se realizó una redistribución de los adolescentes pertenecientes al Programa II, la etapa más poblada y en la que se encuentran jóvenes considerados de riesgo moderado y alto.

También se trasladó a internos de alto riesgo y con conductas reincidentes de violencia al Anexo III de Ancón II. La lógica detrás de estas medidas es evitar lo que el PRONACEJ denomina “contagio criminógeno”: la influencia que un interno con mayor trayectoria o nivel de peligrosidad puede ejercer sobre otro que ingresó por una infracción menos grave.

"Es cuando un mayor de perfil de riesgo alto influye a uno menor, que no necesariamente llegó al centro por una infracción grave. La convivencia genera muchos escenarios, y el niño que llegó por robo o hurto termina sintiéndose un gran delincuente que es incluso utilizado para propiciar motines y reyertas", señaló.

El PRONACEJ ya había advertido públicamente que el hacinamiento y la convivencia entre adolescentes y adultos pueden favorecer esta influencia negativa.

PUEDES VER: Más de 10.000 menores infringieron la ley en solo cinco meses en Perú: inician plan de deshacinamiento en centros juveniles

Casi 400 internos vinculados a sicariato y extorsión

El director del PRONACEJ estima que actualmente casi 400 internos del sistema juvenil están vinculados a delitos como sicariato, extorsión, homicidio, tenencia ilegal de armas o trata de personas.

La cifra, sostiene, muestra cómo ha cambiado el fenómeno criminal en los últimos años. "Hace 10 años, del único sicario que conocimos era el alias ‘Gringasho’. Hoy he hablado con niños de 14 años internos por sicariato y extorsión", afirmó.

El funcionario alerta especialmente sobre la captación de menores por organizaciones criminales en el norte del país, donde las bandas aprovecharían la condición jurídica de los adolescentes para utilizarlos en actividades delictivas.

Esta realidad también explica por qué el PRONACEJ insiste en modificar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. La institución considera que la legislación actual no responde completamente al escenario criminal que enfrenta el país.

"Es lamentable cómo se ha normalizado la tercerización de la criminalidad con los menores de edad en el norte del país, sobre todo en la zona del Valle, en el departamento de La Libertad", sostuvo.

El problema de los adultos que permanecen en centros juveniles

Uno de los principales puntos de la reforma planteada es la permanencia de personas que ya cumplieron los 18 años dentro de establecimientos diseñados originalmente para adolescentes.

La situación ya había sido advertida por el PRONACEJ. En mayo, alrededor del 60% de la población interna había alcanzado la mayoría de edad y se habían identificado casos de personas de hasta 27 años que continuaban en estos centros debido a que cumplían medidas por infracciones cometidas cuando eran menores.

El director considera que esta convivencia dificulta la reinserción de los adolescentes y aumenta el riesgo de influencia criminal.

La propuesta presentada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos plantea actualizar el marco normativo para establecer mecanismos que permitan trasladar determinados casos al sistema penitenciario de adultos, especialmente cuando se trate de mayores de edad que cometan nuevas infracciones, presenten faltas disciplinarias graves o mantengan un alto riesgo de reincidencia violenta.

El objetivo, según el funcionario, no es únicamente descongestionar los centros, sino proteger a los adolescentes con posibilidades reales de rehabilitación de la influencia de internos de mayor peligrosidad.

PUEDES VER: Cada mes ingresan 150 adolescentes a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación

Más habitaciones, talleres y espacios recuperados

El deshacinamiento también contempla aumentar la capacidad física del sistema. En Lima, el PRONACEJ culminó la reconstrucción de un patio que había sido parcialmente destruido durante un motín ocurrido hace cinco años. El espacio permitirá aumentar la capacidad instalada en hasta 100 internos.

Además, la administración busca utilizar áreas que actualmente no cumplen una función operativa, como grandes jardines, para instalar módulos que permitan trasladar talleres productivos y liberar espacios destinados a habitaciones.

Estos ambientes serán utilizados principalmente para adolescentes del Programa IV, la última etapa del tratamiento socioeducativo, en la que los jóvenes se preparan para su reinserción y pueden acceder, bajo determinadas condiciones, a actividades laborales o educativas fuera del centro.

En Pucallpa, por su parte, ya se concluyó el expediente técnico para ampliar la infraestructura destinada a dormitorios.

La gestión considera además que mecanismos como los proyectos en activos podrían permitir la participación del sector privado en la recuperación y modernización de determinados centros juveniles.

Cuatro etapas para la reinserción

El plan de deshacinamiento está vinculado directamente con la necesidad de recuperar el objetivo principal de los centros juveniles: la reinserción social.

El tratamiento se divide en cuatro etapas.

Programa I o de bienvenida: es la fase inicial. Se evalúa la situación personal, familiar y social del adolescente para determinar sus necesidades y definir el tratamiento.

Programa II: busca que el adolescente reconozca sus decisiones y asuma responsabilidades. Se trabaja mediante talleres terapéuticos y se atienden conductas asociadas con el riesgo de reincidencia.

Programa III: fortalece habilidades personales, sociales y laborales. Los jóvenes pueden participar en talleres productivos con certificación técnica.

Programa IV: corresponde a la etapa final de preparación para la reinserción. Los adolescentes con mayor avance pueden acceder a salidas para estudiar o trabajar, bajo las condiciones establecidas por su medida.

Sin embargo, no todos alcanzan esta última etapa. Algunos permanecen en el Programa II hasta terminar su sentencia, situación que el PRONACEJ busca revertir mediante un tratamiento más individualizado.

La otra amenaza: centros vulnerables ante lluvias y sismos

Para el director del programa, reducir el número de internos no resolverá por sí solo la crisis. Tras recorrer los centros juveniles del país, identificó tres problemas estructurales: seguridad, servicios básicos e infraestructura.

El riesgo también tiene un componente climático y geográfico. El funcionario advierte que determinados centros del norte y centro del país no estarían preparados para afrontar eventuales inundaciones asociadas a lluvias intensas. En Huancayo, además, señala que la infraestructura del centro juvenil presenta vulnerabilidades frente a movimientos sísmicos.

"Estamos próximos a sufrir los estragos del Niño Global y los centros juveniles del norte y centro no están preparados para eventuales inundaciones por lluvias excesivas", sostuvo.

Por ello, considera que las condiciones mínimas para operar no pueden reducirse a contar camas disponibles. Un centro juvenil requiere infraestructura segura, servicios básicos y condiciones adecuadas para que el personal pueda desarrollar el tratamiento socioeducativo.

PUEDES VER: Más presos que camas: Hay 2,752 condenados a cadena perpetua

Seguridad contra el tratamiento

La falta de personal no solo afecta la rehabilitación. También obliga a destinar recursos humanos a controlar situaciones que podrían prevenirse con una mayor oferta de actividades.

El director sostiene que cuando los adolescentes permanecen sin actividades productivas aumenta el estrés y con ello el riesgo de peleas, reyertas y agresiones contra el personal.

Así, se genera un círculo difícil de romper: menos personal especializado significa menos tratamiento individual; menos actividades significa más conflictos; y más conflictos obligan a priorizar nuevamente la seguridad sobre la rehabilitación.

La situación es similar a la que el PRONACEJ había advertido en mayo, cuando reconoció que la saturación de los centros estaba llevando a priorizar el control interno por encima del tratamiento.

"Un común denominador que he encontrado en el INPE y el PRONACEJ es que el trabajo se está centrando básicamente en contención y no en resocialización", sostuvo Vega, quien anteriormente tuvo experiencia en el sistema penitenciario.

¿Deshacinamiento o reforma estructural?

El plan plantea una salida inmediata a la sobrepoblación, pero la propia institución reconoce que la crisis requiere cambios de mayor alcance.

El director considera que endurecer las penas no resolverá por sí mismo la inseguridad. A su juicio, el problema comienza antes del ingreso de los adolescentes al sistema penal juvenil y está relacionado con factores familiares y sociales que no fueron atendidos durante la infancia.

En ese sentido, sostiene que el PRONACEJ cumple principalmente una función de prevención secundaria, enfocada en evitar la reincidencia, mientras que la prevención primaria requiere una intervención articulada de distintas entidades del Estado desde los primeros años de vida.

La institución también ha planteado la actualización del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente para adecuarlo al escenario actual.

El desafío, por tanto, tiene dos velocidades. A corto plazo, el PRONACEJ busca liberar espacios, redistribuir internos y ampliar su infraestructura. A largo plazo, necesita transformar un sistema que actualmente enfrenta una población más numerosa, mayores niveles de violencia, adultos que permanecen en centros juveniles y una capacidad limitada de personal para ejecutar tratamientos individualizados.

El deshacinamiento puede abrir espacio físico. El reto mayor será conseguir que ese espacio se traduzca en una verdadera reinserción social y no simplemente en una redistribución de la crisis.