Ministerio de Justicia crea grupo de trabajo temporal para revisar leyes procrimen
Con un plazo inicial de 30 días hábiles, el nuevo grupo de trabajo formulará propuestas de reforma sobre los plazos prescripción, la colaboración eficaz, la extinción de dominio y el crimen organizado.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un grupo de trabajo temporal para evaluar las leyes sobre criminalidad y proponer reformas para corregir vacíos normativos en la lucha contra el crimen.
Esta medida se oficializó mediante una resolución ministerial, publicada el domingo 23 de agosto, en el diario oficial El Peruano. La disposición lleva la firma del ministro Ernesto Álvarez Miranda.
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La finalidad de la comisión consiste en proponer reformas que permitan fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos. Esta revisión integral responde a los cambios legislativos recientes que impactaron en el sistema de justicia.
“En los últimos años se han aprobado diversas modificaciones al marco normativo en materia penal, procesal penal y de lucha contra la criminalidad organizada, comprendiendo, entre otras, disposiciones sobre prescripción, crimen organizado, colaboración eficaz, extinción de dominio y otras instituciones vinculadas a la persecución penal”.
El Ministerio dejó esta tarea en manos de cuatro funcionarios de la institución. Sin embargo, los antecedentes de algunos de sus integrantes generan cuestionamientos en torno a la idoneidad de la comisión.
Quien encabeza el equipo es el viceministro de Justicia, Juan Falconi Gálvez, quien hace menos de dos semanas fue retirado del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado porque la ley prohíbe que los viceministros ocupen ese cargo. Además, Falconi presidió la comisión que agilizó el indulto a Alberto Fujimori en 2017, luego de que ejerciera la defensa legal de Fuerza Popular durante las elecciones generales del 2016.
Lo acompañan el viceministro de Derechos Humanos, Gonzalo Muñoz Hernández; el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Raúl Inga Garay; y el director general de Asuntos Criminológicos, Edward Vega Rojas.
Conformación del grupo de trabajo.
Asimismo, los integrantes ejercerán sus cargos ad honorem y el grupo podrá convocar a especialistas o instituciones públicas y privadas como invitados.
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En cuanto al plan de trabajo y la entrega de resultados, la directiva tiene entre sus responsabilidades el análisis integral de los cambios legales en materia penal, la recolección de aportes de la academia y la sociedad civil, la elaboración de proyectos de ley y el envío de informes mensuales de avance al titular del sector.
Funciones del nuevo Grupo de Trabajo Sectorial.
Además, al término de su vigencia, la Secretaría Técnica —asumida por la Dirección General de Asuntos Criminológicos— remitirá un informe final al Despacho Ministerial con la revisión integral y los borradores de proyectos normativos junto a sus respectivas exposiciones de motivos.
La disposición también fija los plazos institucionales para el funcionamiento de este grupo. La norma determinó que el grupo de trabajo tiene una vigencia de 30 días hábiles, los cuales son contados a partir de su instalación.
Sin embargo, en el documento se señala que puede variar el plazo “por periodos similares o inferiores, mediante Resolución Ministerial”. Además, la instalación debe concretarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación oficial de la resolución.
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