Ministerio de Justicia crea grupo de trabajo temporal para revisar leyes procrimen

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un grupo de trabajo temporal para evaluar las leyes sobre criminalidad y proponer reformas para corregir vacíos normativos en la lucha contra el crimen.

Esta medida se oficializó mediante una resolución ministerial, publicada el domingo 23 de agosto, en el diario oficial El Peruano. La disposición lleva la firma del ministro Ernesto Álvarez Miranda.

La finalidad de la comisión consiste en proponer reformas que permitan fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos. Esta revisión integral responde a los cambios legislativos recientes que impactaron en el sistema de justicia.

“En los últimos años se han aprobado diversas modificaciones al marco normativo en materia penal, procesal penal y de lucha contra la criminalidad organizada, comprendiendo, entre otras, disposiciones sobre prescripción, crimen organizado, colaboración eficaz, extinción de dominio y otras instituciones vinculadas a la persecución penal”.

Respecto a la conformación de esta mesa de trabajo, la norma precisa a cuatro autoridades encargadas de la revisión legal. La resolución establece que “el Grupo de Trabajo Sectorial está conformado por los/las siguientes integrantes: a. El Viceministro de Justicia, quien lo preside. b. El Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. c. El Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. d. El Director General de Asuntos Criminológicos”.

Asimismo, los integrantes ejercerán sus cargos ad honorem y el grupo podrá convocar a especialistas o instituciones públicas y privadas como invitados.

En cuanto al plan de trabajo y la entrega de resultados, la directiva tiene entre sus responsabilidades el análisis integral de los cambios legales en materia penal, la recolección de aportes de la academia y la sociedad civil, la elaboración de proyectos de ley y el envío de informes mensuales de avance al titular del sector.

Además, al término de su vigencia, la Secretaría Técnica —asumida por la Dirección General de Asuntos Criminológicos— remitirá un informe final al Despacho Ministerial con la revisión integral y los borradores de proyectos normativos junto a sus respectivas exposiciones de motivos.

La disposición también fija los plazos institucionales para el funcionamiento de este grupo. La norma determinó que el grupo de trabajo tiene una vigencia de 30 días hábiles, los cuales son contados a partir de su instalación. Sin embargo, en el documento se señala que puede variar el plazo “por periodos similares o inferiores, mediante Resolución Ministerial”. Además, la instalación debe concretarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación oficial de la resolución.