La justicia se acerca en Saweto, en la frontera con Brasil
Madereros. Cinco acusados del asesinato de cuatro líderes indígenas fueron condenados a 28 años y 3 meses de cárcel efectiva. Entre las víctimas figura el recordado Edwin Chota, además de Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo.
La justicia se abre camino por el Amazonas. Tras ocho años de espera, el Poder Judicial empieza a dar justicia a la comunidad asháninka de Saweto, en Alto Tamaya, distrito de Masisea (Ucayali), en la frontera con Brasil. El paso aún es lento, pero es un avance importante.
La tarde del miércoles 15 de febrero del 2023, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali dictó sentencia condenatoria contra cinco madereros ilegales por asesinar a cuatro líderes de la comunidad de Saweto que denunciaron la tala ilegal del bosque amazónico. El líder Edwin Chota Valera y los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados con gran alevosía y desventaja, a cuchilladas y balazos de escopeta, en una quebrada sobre el río Tamaya.
Los cuatro asháninkas se dirigían a la comunidad indígena de Apiwtza, en Acre, Brasil, para participar en un encuentro internacional de defensores del bosque.
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La voz de la justicia
El veredicto judicial establece que los responsables de este crimen son los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en calidad de instigadores, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix y el brasileño Eurico Mapes Gómez, los autores materiales del crimen.
A los cinco se les impuso una condena de 28 años y tres meses de prisión efectiva. La pena se cumplirá desde el momento en que sean ubicados, capturados e ingresen a prisión. Además, se les impuso el pago de una reparación civil solidaria de 200 mil soles (unos 51,9 mil dólares) que será distribuida a razón de unos 50 mil soles para cada familia de las víctimas.
Ninguno de los asesinos se encuentra cumpliendo prisión preventiva. El 27 de febrero, a partir de las cuatro de la tarde, se leerá el íntegro del veredicto, y los cinco sentenciados podrán apelar. Mientras se resuelva la apelación, no se emitirán las órdenes de búsqueda, ubicación y captura. Esto recién sucederá si el Tribunal Superior confirma la condena.
Lectura. El juez impuso penas de 28 años de prisión efectiva. Foto: difusión
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Entre 2008 y 2014, Edwin Chota realizó múltiple viajes, en canoa y a pie, desde su lejana comunidad hasta Pucallpa y Lima para presentar y sustentar denuncias y memoriales a la policía, el Ministerio Público, el Gobierno Regional de Ucayali, el Congreso y el Gobierno central. En ellas daba cuenta de las actividades de taladores ilegales en su comunidad. El 28 de mayo del 2014, Chota y sus paisanos fueron recibidos por la Defensoría del Pueblo en Lima. En la reunión relataron la inseguridad en que vivían, por la presencia de madereros ilegales, traficantes de terrenos y narcotraficantes.
Ante la gravedad de su narración, el 6 de junio de ese mismo año, la Defensoría del Pueblo realizó una reunión en Lima con diversas instituciones del Estado. Estuvieron representantes del Ministerio del Interior y Defensa. A todos se les informó sobre los problemas de seguridad y amenazas a la vida e integridad en que vivían los más de 200 pobladores de Saweto. Más allá del discurso y las promesas de atender sus reclamos, Chota y sus compañeros no recibieron ningún tipo de protección. Las pruebas que ellos mismos habían tenido que reunir para sustentar sus denuncias parecían servir de poco.
Amenaza de muerte
En abril del 2013, los comuneros habían seguido la madera talada en Saweto hasta el aserradero Forza Nuova EIRL, en el puerto de Pucallpa. Ante la denuncia, la Fiscalía dispuso la intervención del aserradero y la inmovilización de troncos de cedro y shihuahuaco, valorizados en el mercado en unos 35 mil dólares. El empresario Hugo Soria se presentó ante la Fiscalía diciendo ser el propietario de la madera y al encontrarse con los comuneros de Saweto, y enterarse de que ellos habían provocado la intervención, amenazó de muerte a Edwin Chota.
La amenaza quedó registrado en un acta y en los pedidos de garantías para su vida que en los días siguientes presentaron en Pucallpa. El domingo 31 de agosto del 2014, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo subieron a un bote en el río Tamaya para dirigirse a la reunión que se realizaría en Apiwtza, en Brasil.
A la mañana siguiente, 1 de setiembre, continuaron el camino a pie por la selva y, en esas circunstancias, fueron emboscados y asesinados. Les dispararon y acuchillaron sin piedad. Consumado el crimen, los asesinos huyeron y dejaron los cuerpos abandonados en el bosque.
Cinco días después, un cazador que regresaba a Saweto encontró los cuerpos de Chota y sus amigos y avisó a la comunidad. El 6 de setiembre, las mujeres de Saweto tuvieron que organizarse para viajar a Pucallpa y denunciar el asesinato y recoger los cuerpos. En la comunidad había pánico y temor de un ataque de los madereros al poblado.
El miedo persiste. Muchos líderes de la comunidad y las familias de las víctimas tuvieron que abandonar Saweto para estar a salvo. Aunque el repudio internacional que generó este crimen obligó a los madereros y narcotraficantes a retirarse de la zona, desde hace unos dos años han vuelto. Así, la sentencia se convierte en una promesa de que un día serán escuchados y los criminales perseguidos.
La violencia y la inacción del Estado persiste
A más de ocho años del asesinato de los líderes asháninka de Saweto, la tala ilegal y la violencia que esta genera persiste en la zona por la inactividad del Estado.
En agosto del 2015, tras la muerte de Edwin Chota y sus compañeros y el repudio internacional que este crimen provocó, obligó al Estado a otorgar a Saweto el título de propiedad sobre un área de 78.129 hectáreas dividida en dos sectores (A y B) de su territorio ancestral, que les pertenece por ley.
Pero sin el apoyo y la protección del Estado, los taladores y narcotraficantes seguirán amenazando sus tierras, la vida de sus pobladores y deforestando la Amazonía.