La trama de corrupción que acorrala a Pedro Castillo

A un año de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el presidente Pedro Castillo se ha visto involucrado en una trama de corrupción en los millonarios contratos de obras públicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Previas Descentralizado.

Lejos de sus promesas de combatir la corrupción, uno de sus sobrinos, Fray Vásquez Castillo, un antiguo colaborador sindical, el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco Castillo, su paisano, empresario y extitular del MTC Juan Silva Villegas se encuentran prófugos de la justicia.

Los dos principales colaboradores de la Fiscalía los señalan como receptores directos de pagos u otros beneficios ilícitos para obtener beneficios en los contratos con el Estado. Karelim López asegura que Bruno Pacheco le dijo que todo lo coordinaba con el presidente Castillo. Mientras que Zamir Villaverde dice que Silva le pidió dinero en nombre de Castillo.

La versión de ambos colaboradores es muy creíble para la Fiscalía. Tal es así que el fiscal supremo titular y fiscal de la Nación encargado, Pablo Sánchez Velarde, tuvo que variar su criterio respecto a que el artículo 117 de la Constitución no permite investigar a un presidente en ejercicio.

Entorno presidencial

Sánchez Velarde considera que el cúmulo de evidencias recogidas hasta hoy hace necesario realizar una investigación preliminar al presidente de la República y lo ha citado a declarar el próximo lunes 13 de junio, mientras cada día aparecen nuevos audios de las negociaciones ilícitas.

La investigación de este caso comenzó en las fiscalías provinciales. Por un lado, en el sistema anticorrupción, la fiscal Karla Zecenarro recogió las declaraciones públicas de la lobista Karelim López y luego la colaboración eficaz del detenido empresario y lobista Zamir Villaverde sobre actos de corrupción en el MTC.

De otro lado, en el sistema de lavado de activos, la fiscal Luz Taquire recogió la colaboración eficaz de Karelim López sobre presunto lavado de activos de dinero de la corrupción para acceder a contratos en el MTC.

Los hallazgos de ambas fiscales alimentan la investigación del fiscal de la Nación. Hasta el momento, hay 20 investigados.

De ellos, tres están prófugos: los mencionados Pacheco, Vásquez y Silva; cinco cumplen prisión preventiva: el aspirante a colaborador Zamir Villaverde, los exfuncionarios de Provías Descentralizado Víctor Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Mas y Alcides Villfuerte Vizcarra y el empresario Luis Pasapera.

Los demás, entre los que se encuentra la colaboradora Karelim López, el sobrino del presidente Gian Marco Castillo y los directivos y socios de la empresa consorciadas en Puente Tarata, Termirez y Tapusa cumplen comparecencia.

La organización

Con base en la declaración de Karelim López, que dice conocer los hechos por lo que le contó Bruno Pacheco, la Fiscalía establece que a fines de junio, tras conocerse el triunfo electoral de Castillo, se estructuró una organización criminal destinada a controlar el MTC, en concreto los contratos que licitaban Provías Descentralizado y Provías Nacional.

A la cabeza de la organización estaba Castillo y tenía como brazos operadores a sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y a Bruno Pacheco. A continuación, según el relato de Zamir Villaverde, a partir de lo que le habría contado Fray Vásquez, Silva Villegas habría entregado un maletín con un millón de soles o dólares para ser nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones.

Luego, al asumir la presidencia a fines de julio 2021, “José Pedro Castillo y el entonces ministro Juan Francisco Silva Villegas habrían planificado y decidido el modo en que intervendrían sus presuntos integrantes, tanto desde sus posiciones al interior del aparato estatal, como desde sus posiciones de terceros interesados”, precisa la Fiscalía.

Anota que “los integrantes de esta organización criminal, (...) de manera concertada y organizada, habrían tenido por finalidad obtener ganancias ilícitas, producto del direccionamiento en la adjudicación de obras al interior del MTC”.

Adicionalmente, según López Arredondo, la organización también buscó otorgar beneficios a los congresistas de los partidos de oposición que apoyaran al Gobierno, como el grupo de “Los Niños” de Acción Popular, al igual que a los empresarios que habrían apoyado la campaña política.

Esto habría permitido, precisa la aspirante a colaboradora, que los mencionados congresistas favorezcan a empresas chinas en la adjudicación de contratos con el Estado.

En acción

Así, de acuerdo con la declaración de Karelim López recogida por la fiscal Luz Taquire, Zamir Villaverde se acercó a Pacheco y los sobrinos del presidente dàndoles autos y alquilándoles departamentos en Lima, para lograr que se nombrara a personajes claves en puestos decisorios del MTC.

Villaverde habría logrado que Anatoly Bedriñana Córdova sea nombrado asesor del ministro Silva. Bedriñana es actual jefe de la Sucamec. Además, también habría influido para que Alcides Villafuerte sea designado gerente de Provías Descentralizado.

Luego, según López, a través de todos esos contactos habría conseguido que Provías Descentralizado favorezca a la empresa Termirex, de la familia Pasapera, integrante del consorcio Puente Tarata, en la construcción de un puente vial sobre el río Huallaga, en la región San Martín.

Ese seria el origen de los 20 mil dólares que el fiscal anticorrupción Marco Huamán encontró en la oficina en Palacio de Gobierno de Bruno Pacheco, y los depósitos realizados en su cuenta bancaria.

Los 100 mil grandes

Zamir Villaverde tiene su propia versión de los hechos. En una primera declaración, afirmó que entre noviembre y diciembre del 2021 Silva le solicitó 50 mil soles para favorecerlo con contratos. En una segunda declaración, Villaverde modificó el monto de la solicitud, acompañando un audio de una conversación con Silva.

En el audio, del 4 de noviembre del 2021, Villaverde le describe a Silva que le entrega un maletín con 100 mil soles a Silva, como un “pequeño presente”, una “buena señal” de la empresa española Tapusa (Tableros y Puentes) en agradecimiento de la adjudicación del contrato del Puente Tarata III.

Tapusa, Termirex y la colombiana Estructuras Metálicas son las tres empresas del Consorcio Puente Tarata III que se adjudicaron en octubre del 2021 la construcción del puente sobre el río Huallaga. Termirex y Tapusa insisten en que no hicieron pagos ilícitos en dicha adjudicación.

Zamir Villaverde también declaró que entre octubre y setiembre, Silva le pidió 30 mil soles para el presidente Castillo. Sobre este punto todavía no se conocen detalles. En el audio del 4 de noviembre no se habla que la entrega de los 100 mil soles sea en respuesta a los pedidos de dinero que supuestamente habría realizado Silva.

El presidente

Los hechos narrados por ambos aspirantes a colaboradores no alcanzan directamente al presidente, por ello será importante lo que digan en su momento Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Juan Silva. Los tres que permanecen prófugos y que sabrían todo.

La corrupción al interior del MTC es conocida, como se estableció en los casos Lava Jato y Club de la Construcción. También es un hecho visible que tras dichos escándalos las empresas chinas reemplazaron a las nacionales en las obras públicas, por lo que la adjudicación de un contrato no es necesariamente prueba de un acto ilícito.

Lo que sí llama la atención es que un presidente que prometió luchar contra la corrupción no fuera más vigilante con los contractos y nombramientos en el MTC. Eso y su silencio incrementa las sospechas de los fiscales.

“La Fiscalía deberá decidir hasta dónde puede llegar”

La Fiscalía de la Nación deberá decidir hasta dónde va a llegar la investigación preliminar que inició al presidente Pedro Castillo. La preliminar es una base de recojo de indicios o evidencias, formalmente todavía no es el inicio del proceso.

Sin embargo, para formalizar investigación tendría que presentar acusación ante el Congreso de la República, lo que expresamente está prohibido en la Constitución.

La posibilidad de que todo se aclare, sin involucrar al presidente de la República, es complicado, difícil y casi imposible, consideran en la Fiscalía. Más si los tres principales implicados y directos colaboradores del presidente se encuentran en calidad de prófugos de la justicia, sin paradero conocido y sin declarar.

Secreto

La ruta del dinero. La fiscal Luz Taquire ha dispuesto levantar el secreto bancario y tributario de más de 20 personas involucradas en la investigación, en busca de encontrar la ruta del dinero, de dónde salió y a quién o quiénes fue entregado.

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