Ser oposición a Fujimori, por Marisa Glave

Estos días se intensifican los rumores en torno a posibles alianzas, pactos o prebendas para la conformación de las mesas directivas del nuevo Congreso. En el caso de la Cámara de Diputados, se presume —creo que con demasiada ligereza— que las fuerzas de oposición se harán fácilmente de la presidencia. El número de diputados de Juntos por el Perú (JPP), Obras y Ahora Nación (AN), que han anunciado públicamente la conformación de una coalición, se equipara al de las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP). Ambos bloques contarían con 56 diputados. Se espera que Buen Gobierno (BG), con 18, incline la balanza hacia la oposición.

Sin embargo, habría que poner aún entre comillas a la 'oposición'. Este título no se obtiene al momento de la elección, sino que se gana conforme se actúa frente al régimen. Cabría recordar la vieja mala práctica del fujimorismo de cooptar parlamentarios de 'oposición' y volverlos útiles a sus pretensiones, sea a través de votos explícitos o de inasistencias en momentos clave.

En el caso de la Cámara de Senadores, este riesgo es mayor. FP y RP tienen juntos 29 senadores —si es que López Aliaga cumple su palabra y no se presenta a juramentar—, mientras que la incipiente coalición parlamentaria de JPP, Obras y AN tiene 23 senadores. Los votos de BG, siete, permitirían un triunfo de la oposición por un voto. Esta elección es central, pues, al existir un escenario de empate permanente en esa cámara, el voto de quien presida el Senado se vuelve dirimente.

Si esto es así, es vital que la ciudadanía que votó en contra de Fujimori —más de nueve millones de personas— interpele a las fuerzas políticas que se han autoproclamado de oposición para que cumplan con un mandato democrático central: asegurar un contrapeso en el poder. El equilibrio de poderes se ha roto gracias al desempeño del Congreso que se va y de los títeres que ocuparon el sillón presidencial. Esta situación puede verse agravada si el fujimorismo logra capturar nuevamente el control de las mesas directivas.

Oposición con memoria

Los autoritarismos, como el que encarna una fuerza política como el fujimorismo, buscan imponer su dominación sobre la base del miedo represivo, pero también de la hegemonía cultural. En otras palabras, esperan tener legitimidad en su acción. Por eso necesitan instalar maneras de interpretar la realidad que les convengan, al punto de transformar acciones violentas en necesarias para la salvaguarda de la nación.

La llamada posverdad, la distorsión antojadiza de la verdad, ha estado presente en la política de los Fujimori: del padre en los noventa y de la hija en la última década. Ser oposición democrática hoy en el Perú requiere actuar con memoria. Requiere posicionarse contra las políticas de olvido, de impunidad y de cinismo. Por tanto, junto con mantener un mínimo de equilibrio de poderes, salvaguardando las mesas directivas del nuevo Congreso, la oposición tiene que implementar una agenda de desmantelamiento de las leyes de impunidad que buscan liberar de culpa a policías y militares que hayan violado derechos humanos, tanto en escenarios recientes de represión como respecto de quienes hayan sido artífices o autores mediatos de graves violaciones de derechos humanos en contextos de lesa humanidad.

La memoria que quieren borrar

Hoy existe una oposición valiente a las políticas de impunidad en el Poder Judicial. Algunas magistradas y algunos magistrados han demostrado que la defensa de los derechos fundamentales está por encima de la imposición violenta de la impunidad, y sufren represalias.

Por ejemplo, la última sentencia en el caso de Pedro Huilca Tecse, que declara la nulidad de la absolución de Montesinos, Rivas y otros miembros del Grupo Colina, debe ser leída con atención y saludada como un esfuerzo de la Corte Suprema por defender el derecho a la justicia.

La sentencia señala que el juicio debe volver a llevarse a cabo, pues los jueces que revisaron el caso en primera instancia no fundamentaron adecuadamente las razones de la absolución y no valoraron las pruebas aportadas por la Fiscalía y la familia de Pedro Huilca.

La sentencia rebate la supuesta desactivación del Grupo Colina a finales de 1992 y recuerda que incluso en 1993 seguía operando de manera puntual al servicio del régimen. También expresa extrañeza por la ausencia de valoración del testimonio y de las misivas escritas por dos exagentes de inteligencia, integrantes del Grupo Colina, quienes señalan que este comando paramilitar recibió la orden de asesinar a Huilca por ser un opositor al régimen.

Ahí es donde creo que radica la vigencia del caso de Pedro Huilca y lo que nos permite conectar el pasado con el presente. La sentencia señala la necesidad de evaluar adecuadamente el contexto en el que se desarrolla el asesinato de Huilca, líder sindical excepcional en el país, en un momento clave de la historia. Huilca fue un verdadero opositor al régimen de Fujimori y un organizador de la resistencia ciudadana frente a la imposición del autoritarismo neoliberal de Fujimori. Su asesinato, señala la sentencia, no es un crimen más: se inscribe en una política estatal de eliminación selectiva y, por tanto, en un contexto de lesa humanidad. Si se demuestra la tesis fiscal, se desbarata el relato de una persecución dirigida únicamente contra supuestos senderistas.

Esta sentencia desafía los nuevos intentos de impunidad normativa del fujimorismo, como la Ley 32107, que promueve la prescripción de los delitos de lesa humanidad. En el ejercicio de su potestad de control de convencionalidad, los magistrados asumen una posición garantista y señalan que este caso tiene repercusiones en el presente. Así, el asesinato de Pedro Huilca en 1992 puede ser una pieza clave para poner en evidencia la lógica autoritaria del nuevo régimen de la hija del exdictador.