¿Todavía hay lunas de miel?, por Hernán Chaparro

Ya están definidos los resultados electorales. Lo que está por verse es el resultado político, a ojos de la ciudadanía, de todo lo acontecido en este proceso electoral y lo actuado en el Congreso. ¿Cuánto puede durar ahora lo que solíamos llamar la “luna de miel” de un nuevo Poder Ejecutivo que ya estuvo manejando el Congreso?

Desde 2021, Fuerza Popular y Renovación Popular se dedicaron a alimentar la desconfianza en los resultados electorales. Esta vez los protagonistas fueron, de nuevo, Renovación Popular en primera vuelta y Juntos por el Perú en la segunda. Durante la campaña, Miki Torres, con su “sacar al señor Castillo no fue sencillo”, mostró que el fujimorismo no se quedó solo en acusaciones de fraude, sino que fue más allá; y este miércoles, diversos sectores de izquierda hablan de un futuro Ejecutivo sin legitimidad. Todas esas actitudes y comportamientos le han pasado factura al conjunto de la política. Pero para el Ejecutivo es más complicado porque es ahí donde se centran las expectativas iniciales.

Los primeros meses de un nuevo presidente solían comenzar con expectativas positivas y un nivel relativamente alto de aprobación. Al menos así fue hasta 2016. Ahora, las expectativas negativas conviven con las positivas en un clima de opinión donde convergen, en simultáneo, la fragmentación, la polarización, la desconfianza generalizada y una lista de reclamos. Y este nuevo gobierno no es tan nuevo que digamos. Para un conjunto de peruanos, el fujimorismo ya estaba gobernando e impulsando diversas iniciativas desde el Legislativo, con altos niveles de rechazo, incluidos los acomodos para obtener mejores resultados electorales. La lista es conocida.

Desde Toledo (2001) hasta PPK (2016), según las encuestas de Ipsos, el nivel de aprobación presidencial que se mostró al inicio del mandato estuvo alrededor del 60%. Algunos tuvieron altibajos y otros, francas caídas, pero, en general, alrededor del sexto mes la desaprobación fue mayor que la aprobación, aunque en los casos de García y Humala les fue mejor. Sin embargo, 2021 fue diferente. Si bien Castillo ganó con 47% de los votos emitidos en la segunda vuelta, en la primera encuesta de Ipsos, de agosto del 2021, solo 38% lo aprobó. El nivel de aprobación nunca fue mayor que el de desaprobación. El problema no solo fue la polarización de la segunda vuelta, los miedos hacia Castillo, una prensa hostil o los problemas con su gabinete, sino que, por primera vez desde 1980, los dos primeros candidatos de la primera vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, no sumaron ni el 30% del voto emitido. Este problema de representación se expresó también en un ausentismo que se asoció, en su momento, con la crisis de la COVID, pero ahora vemos que tenía otros componentes. Este 2026 ha sido algo semejante: los dos que pasaron a segunda vuelta, sumados, obtuvieron un porcentaje de votos emitidos incluso inferior al de los dos candidatos del 2021, Fujimori 14% y Sánchez 10%; y el nivel de ausentismo, si se resta el posible impacto de la COVID en la elección anterior, siguió creciendo.

El fujimorismo, para gobernar, no solo tiene el problema de un público que desconfía de la política y reparte su desánimo. Ha ejercido el poder no hace 26 años: lo ha hecho hasta hace pocas semanas. El Congreso, donde han marcado su dinámica, ha tenido un gran protagonismo en los últimos 10 años y un altísimo nivel de rechazo. Según el Latinobarómetro del 2025, el Parlamento peruano es el peor evaluado de la región. Solo 7% dice tener “mucha” o “algo” de confianza, por debajo de Paraguay (16%), Guatemala (15%) y Venezuela (14%). Y en ese desacreditado hemiciclo, quien marcó la pauta fue Fuerza Popular. En primera vuelta obtuvo más votos que en 2021, pero 14% de votos emitidos no es para confiarse. Mucho se escribe sobre las decisiones que Keiko Fujimori debe tomar desde el 29 de julio o antes. Una de las más complicadas será qué va a hacer para tratar de cambiar la desconfianza construida a punta de excesos en el Congreso.

Las 'lunas de miel' en el Perú hoy son periodos breves. La tregua ciudadana —entendida como el tiempo antes de que la desaprobación supere a la aprobación— se ha ido reduciendo hasta extinguirse. El desgaste, en algunos casos, se produjo por problemas en la economía, pero muchas veces el tema principal fueron los escándalos, las denuncias de corrupción o el mal manejo de conflictos sociales fuera de Lima.

La arraigada desconfianza de nuestra cultura política va de la mano con un pragmatismo que siempre está atento a ver resultados. Fuerza Popular tiene la posibilidad de armar un mejor gabinete que el de Castillo. Tendrá también el apoyo del empresariado y de un sector de la prensa, pero eso no es suficiente. La paciencia se ha ido acortando. Los conflictos pendientes de resolución o mal manejados en regiones donde tuvo baja votación podrían influir en bajos niveles de aprobación. ¿Le interesará eso al gobierno de Fuerza Popular? Puede que algunos sectores dentro del partido le den importancia, pero por las acciones del Congreso saliente, con Rospigliosi a la cabeza, parece que se estuvieran preparando para situaciones de este tipo, donde la respuesta será la dureza en la represión de protestas y movilizaciones. Si quieren dar mensajes de cambio, ahí tienen varias leyes por modificar.

Aunque la conducción económica es fundamental, muchos de los problemas de gobernabilidad en anteriores mandatos han surgido por dificultades fuera del ámbito económico. Será bueno que alguien en el gobierno mire todos los días el conjunto del mapa y asuma que, debido a todo lo actuado y con los bajos porcentajes obtenidos en la primera vuelta, la gente ya no está con ánimo para una sostenida luna de miel.