Pacto de gobierno debilita la persecución del delito

El pacto de facto que sostiene al régimen de Dina Boluarte con Fuerza Popular, APP y Perú Libre ha debilitado enormemente las instituciones democráticas.

El recorte del 10% al presupuesto del Ministerio Público ilustra lo anterior con crudeza. La entidad llamada a investigar la corrupción y el crimen organizado -ambos problemas muy prioritarios que afectan a los ciudadanos de a pie- carece de recursos para perseguir el delito.

En lugar de dotarla de mayores recursos para enfrentar un país desbordado por la violencia, el sicariato y la extorsión, el gobierno y su coalición parlamentaria prefieren dejarla atada de manos. La lógica es perversa, ya que mientras se reduce la capacidad de investigación, se consolidan las redes políticas que garantizan impunidad.

En el ínterin de la asfixia al Ministerio Público, el Congreso no ha dudado en aumentarse sus propios gastos, convirtiéndose en el Parlamento más caro de la historia republicana. El poder político que reclama austeridad al país se otorga a sí mismo privilegios y presupuestos desproporcionados, ajenos a la precariedad de hospitales, escuelas y servicios básicos.

Pero en este contexto el desmantelamiento institucional va más allá de los recursos. El Tribunal Constitucional se ha prestado a interpretaciones amañadas para blindar a la presidenta de investigaciones fiscales, y la JNJ, cooptada por este régimen autoritario, ha intentado incluso tomar por asalto la Fiscalía con resoluciones viciadas y carentes de legalidad.

Lo que ven los peruanos y la comunidad internacional es la radiografía de un régimen en sus postrimerías: un gobierno autoritario que hipotecó el desarrollo del país para sostener sus intereses prebendarios, un pacto de facto que solo busca seguir saqueando el erario público a costa de la inseguridad, la pobreza y la desesperanza ciudadana.

No es casualidad que, en paralelo, el Congreso celebre un doble estándar que ayer exigía pesquisas contra Pedro Castillo y hoy aplaude el blindaje de Dina Boluarte.

El desenlace de este ciclo no está escrito, pero una cosa es clara: ningún país puede proyectar futuro cuando la política se dedica a repartirse privilegios y blindajes en lugar de garantizar justicia, seguridad y desarrollo. El costo lo paga la ciudadanía, mientras los actores del pacto de gobierno se reparten los beneficios del poder.