Nadie sabe para quién trabaja, por Marisa Glave

No se debe legislar con nombre propio ni por interés personal. Esto debiera estar meridianamente claro. En principio, no se hace por razones éticas. Usar el poder para fines subalternos, ya sea para generarle daño o beneficiar a alguien en particular, distorsiona la razón de ser de la representación.

PUEDES VER: EDITORIAL | El endeudamiento histórico en Lima

Pero a los congresistas parece no importarles en lo más mínimo la ética parlamentaria, salvo contadas excepciones. Sin sangre en la cara han desarrollado, por un lado, una cacería de brujas para dañar a sus enemigos políticos y por otro, han cambiado hasta la constitución que tanto dicen defender para asegurar “su” reelección, de ser posible estrenando el nuevo Senado todopoderoso.

Lo que su ceguera moral no les permite ver es que este tipo de medidas, tomadas por impulsos personales y supuestas conveniencias, antes que por criterios de justicia, proporcionalidad o necesidad pública, tienden a tener un efecto contrario a lo esperado. El futuro siempre es contingente y no le gusta que le escriban el guion.

La inhabilitación como venganza

Cuando se cree que lo único que importa es la razón de los votos se pierde de vista que el Estado de Derecho y la Democracia incluyen un conjunto de pautas, principios y procedimientos que no pueden simplemente ser saltados. Si un poder del Estado, el más político por definición, decide ejercer su función sancionadora, tiene que seguir algunos procedimientos mínimos.

Veamos por ejemplo lo que les ha pasado con la fiscal suprema Ávalos. El 2023 el congreso decidió inhabilitarla por 5 años de la función pública. El Poder Judicial decidió revocar esta sanción al considerar que el Congreso no había respetado el debido proceso, faltando un elemento central: la debida motivación.

Inhabilitar a una persona es una decisión extrema y requiere, además de los votos necesarios, procedimientos transparentes, motivaciones razonadas y también proporcionalidad.  Si no se cumplen estas condiciones hay una alta probabilidad que la justicia revierta la decisión.

Ahora, cuando lo que está detrás es sed de venganza política, lo que ocurre es que la ciudadanía lo nota y se generan sentimientos de solidaridad.

Rosa María Palacios ha advertido en más de una oportunidad, por ejemplo, que hay una alta probabilidad que Martín Vizcarra logre un pronunciamiento de la CIDH por persecución política. Tres inhabilitaciones en su contra parecen realmente un ensañamiento. Pero el efecto que producen en la ciudadanía es el contrario al que esperan sus adversarios, a más inhabilitaciones que acumula, mayor su popularidad. Pareciera que el Congreso está haciendo su campaña.

Recientemente se anuncia una nueva víctima, la expresidenta del congreso Mirtha Vázquez. Se le acusa de nombrar indebidamente a un grupo de personas y no tener la diligencia debida contra el COVID 19. Frente al COVID, sinceramente, nada podía hacer. Esta acusación es absolutamente gaseosa, más declarativa para auto justificarse que un indicio real de algún tipo de infracción constitucional. Y los trabajadores mencionados, su nombramiento fue dejado sin efecto por la propia Vázquez.

Es realmente irónico que un Congreso lleno de trabajadores fantasma, sin cumplir requisitos mínimos, con documentación falsa, pretenda inhabilitar a la señora Vázquez. Es sorprendente que no se den cuenta que ellos mismos se ponen en evidencia.

Un Senado todopoderoso ¿para quién?

No es un secreto que una buena parte de congresistas sueñan con ser los próximos Senadores. Han decidido no sólo reinstalarlo, sino dotarlo de todas las competencias posibles, volviéndolo en la práctica el primer poder del Estado. Por ejemplo, si una o un futuro Presidente decidiera cerrar constitucionalmente el Congreso, luego de dos cuestiones de confianza, el Senado no sería cerrado bajo ningún precepto.

Si además se reinstala la inmunidad parlamentaria, se vuelve el lugar más seguro posible para quienes sueñan con impunidad, como lo hace un número considerable de parlamentarios.

Pero en nuestro país la reelección legislativa siempre ha sido muy baja. Eliminarla fue una acción más simbólica-reivindicativa que realmente efectiva. La ciudadanía sólo premia a unos pocos y sanciona a la gran mayoría, volviendo prácticamente imposible que los creadores del nuevo Senado, sean los beneficiarios del mismo.

En la otra orilla, Antauro Humala, impedido de postular a la presidencia de la República por haber perdido el registro electoral de su partido, pero potencial candidato al Senado, hace alianza con Pedro Castillo, recluido en Barbadillo, pero no impedido de postular, también al Senado. Ambos usarán el registro de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. De concretarse esta movida electoral, la posibilidad de tener un número considerable de senadores de un bloque popular-autoritario se amplía.

La elección que se viene no será fácil, tendremos una cantidad muy grande de registros electorales hábiles (43) y probablemente pocas alianzas electorales. Tendremos que votar por diputados y diputadas, con voto preferencial. Por senadores y senadoras, en lista nacional cerrada. Por un senador o senadora representante de nuestra región. Además de por una plancha presidencial. Dada la dispersión de opciones, el resultado será un albur. Tendremos un momento de alto estrés donde cualquier resultado es posible. Pero algo que parece ser seguro: el diseño institucional que deja el actual Congreso llevará a un periodo de democracia aún más débil.