La presidenta Boluarte Faculta a la PNP matar con impunidad

Dina Boluarte, en comparsa con sus aliados en el Parlamento, ha promulgado la ley que autoriza a la Policía Nacional del Perú (PNP) a disparar en casos de flagrancia. Esto genera, de forma fundada, una preocupación mayor con respecto al avance de las iniciativas lejanas al Estado de derecho que vienen impulsando los parlamentarios antidemocráticos.

Esta normativa, aplicada en las condiciones actuales que sufre la institución policial peruana, en donde, lamentablemente, no pocos son los efectivos que han sucumbido a las actividades delictivas deshonrando a la PNP, abre, sin duda alguna, la puerta a la impunidad para los abusos de poder.

Según información pública, tan solo entre enero y marzo del año 2025 se han registrado 1.121 denuncias y quejas por conductas indebidas del personal policial y del sector Interior. Tal cantidad es superior a las 671 y 976 registradas en los años 2023 y 2024, respectivamente, en el mismo período.

No obstante, obviando esta situación, si bien esta legislación va en contra de un principio del debido proceso que en sociedades que buscan ser democráticas es fundamental, esta revela algo mayor: el miedo de los miembros de la alianza gobernante a una ciudadanía harta casi en su totalidad.

No es sorprendente, entonces, que esta misiva de ley haya sido impulsada por los congresistas Jorge Montoya y Esdras Medina, de Renovación Popular, cuyo líder es el también cuestionado alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quienes criminalizan constantemente el ejercicio ciudadano de la protesta legítima.

Sistemáticamente, evidencian una clara intención de fortalecer un discurso punitivo que apela al miedo, en lugar de fomentar un verdadero diálogo con la población.

La legalización del uso de armas de fuego en situaciones que podrían ser interpretadas como “flagrancia” es una medida que puede llevar a abusos y a un aumento en los casos de violencia policial. La definición de “flagrancia” puede ser interpretada de maneras diversas, lo que dejaría al criterio de un agente de policía la decisión de disparar o no.

De acuerdo con los informes de la OCDE, amparada en el derecho internacional humanitario, sociedades que busquen desarrollo y paz social deben prohibir los ataques directos contra civiles y objetivos civiles. Sin embargo, una vez más, este régimen actúa de espaldas a la legalidad.

La seguridad ciudadana no se logra a través del miedo, sino mediante la confianza en las instituciones.

Sin mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, el riesgo de abusos está a la orden del día, y tanto Dina Boluarte como los parlamentarios que apoyaron la medida serán responsables de los resultados de la violencia del crimen e institucional a la que ya están expuestos los peruanos.