¿El patrimonio cultural es de todos?, por Cynthia Cienfuegos

El último fin de semana, las redes sociales volvieron tendencia los lamentables comentarios de la diseñadora peruana Anis Samanez, y el editor de Vogue México y Latinoamerica, José Forteza durante el evento Orígenes 2024. ¿El tema?: ¿se debe o no pagar para aprender y utilizar el arte de las comunidades shipibo – konibo?

Lo primero. Se observa un debate público donde el gran ausente es, precisamente, el artista shipibo-konibo. Poner su voz al centro es vital. Paradójicamente, en un país que se caracteriza por su diversidad cultural, se pretende muchas veces entender al “otro” sin convocar al “otro”. 

Lo segundo. Dentro del sector cultura también hay brechas y desigualdades que aún no estamos reconociendo. Durante la pandemia, la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo en Lima, fue una de las más afectadas, sumándose a este panorama la situación de pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. Lo mismo pasa con las comunidades amazónicas, donde los portadores delpatrimonio cultural inmaterial - sí, ese que el editor de Vogue dijo que pertenece a todos - conviven con situaciones de vulnerabilidad y expuestos a diversos tipos de violencia. Muchos de los y las artistas shipibo-konibo, herederos de estos conocimientos ancestrales, desarrollan su trabajo en condiciones laborales precarias, sin contratos fijos, sin acceso a un seguro de salud o sistema de pensiones. Entonces no. En el Perú, no todos somos iguales, y eso incluye a los trabajadores de las artes y las culturas. Decir que el patrimonio cultural es de todos, no debe ser un discurso que se repita sólo cuando queremos hacer uso y disfrute del mismo (o apropiarnos de éste), sino que nos debe volver conscientes de su salvaguarda, así como de salvaguardar a las personas y colectividadesque lo practican y transmiten. 

No sólo basta con reconocer el trabajo artístico de las comunidades amazónicas o darles menciones honrosas. Se necesita diseñar políticas públicas reales para quedesarrollen su trabajo en entornos dignos, justos y seguros, para que accedan a herramientas que les permitan diversificar su economía, para que tengan mayor participación en los espacios de toma de decisiones. Políticas públicas que salvaguarden el significado de sus saberes ancestrales, y los protejan de las industrias depredadoras que actúan sin ningún tipo de responsabilidad.