¿Estado injusto, indolente y maltratador?, por Moisés Barrantes

Revisaba el concepto de Estado y las funciones que este ente cumple en el país y la sociedad. Encontré que en nuestra patria hay mucho que corregir y cambiar. Las funciones del Estado son legislativas, gubernativas, jurisdiccionales, ejecutivas y de control social y transparencia. Pienso, entonces, en qué momento estas funciones se convirtieron en letra muerta. Los grupos de poder y gobernantes hicieron la tarea.

Por su parte la sociedad, que es el conjunto de personas, pueblos o naciones, que conviven bajo normas comunes, tiene requerimientos que las presentan al Estado y Gobierno, los cuales deben ser justos y equilibrados para alcanzar bienestar y lograr desarrollo social. Existe encuentros entre condicionamientos de arriba abajo y requerimientos de abajo arriba, que requieren atención.

Pero esto, lamentablemente, no se cumple. Solamente aparecen los condicionamientos y atenciones con grandes desniveles, direccionados por los grupos de poder y gobernantes. Esta situación afecta a todos los sectores, especialmente a los trabajadores de las instituciones públicas, las cuales están sujetas a criterios e intereses de gobernantes y funcionarios estatales, en actos negativos.

Dos ejemplos de esta realidad. Sabemos que los pilares de una sociedad civilizada son salud y educación. Sirven de soporte para el desenvolvimiento de cultura, economía, política y sociedad. Pasa en nuestro país lo contrario, pese a los discursos de los políticos, pues estos sectores están postergados, con mínimo presupuesto. Lo que explica la situación deficitaria en que se encuentran.

Los países civilizados y desarrollados tienen presente que salud y educación son indispensables para el progreso y bienestar de sus habitantes y por lo tanto son prioritarios. Atención en salud está garantizada en prevención, recuperación y rehabilitación. De la misma manera, educación es atendida en todos sus niveles, con el propósito de estar preparado para servir a la sociedad. Estos países son los primeros en la evaluación internacional de Pisa. No es casualidad.

Nuestro país, que ya cumplió el bicentenario de su independencia política, no ha podido encontrar el desarrollo que necesita. Políticos de ocasión, gobernantes y sistemas sociales utilizados nos han llevado a esta situación. La muestra más descarada de injusticia se palpa en las penurias de cesantes y jubilados. Tienen sueldos miserables, comparándolos con lo que ganan los trabajadores activos y con poder, empezando por políticos del ejecutivo y legislativo, que gozan de grandes beneficios.

Cesantes y jubilados que trabajaron más de cuarenta años en empresas públicas reciben pensiones congeladas, no cambian y si ellos no cuentan con apoyo familiar, viven de la caridad o se enferman y mueren. Profesores de primaria, secundaria o universidad, ruegan para que el Gobierno los atienda. Los profesores universitarios, jubilados o activos, de varias universidades estatales, reclaman se cumpla la homologación de sus haberes acatando la LEY. No se oye, no se atiende, con autoridades injustas y temerosas.

Evidentemente, vivimos en un país heterogéneo y desigual, donde no se reconoce el esfuerzo y competencias de los trabajadores. Los grupos de poder se acomodan, políticos improvisados ocupan cargos de importancia y priman sus intereses. La mayoría siente que se encuentra en un país en el cual predominan injusticia, indolencia y maltrato. Un lugar donde se reciben golpes muy fuertes, que deben parar ahora mismo.