O la República de la sinrazón. Uno de los pocos países donde se apagan, sin aviso ni contención, las luces de su pista de aterrizaje más importante. Y uno de los pocos países donde, luego de tamaño desmadre mundial, no pasa nada. Quizá el único Estado en el planeta que no descarta volver a pasar por el mismo bochornoso episodio. El aeropuerto colapsa y encogerse de hombros es la mejor respuesta en esta patria sin ley. Andamos de reversa hace buen tiempo y ni un solo liderazgo se asoma. Qué OCDE ni qué ocho cuartos. Nos estamos volviendo un manicomio de país. El elogio de esta locura lo gesta, con pujanza febril, el Congreso que elegimos pero que ha dejado de representar a sus votantes. Esta demencia se agrava al aprobarse leyes que bombardean cualquier sentido común. La mayoría de este Congreso de la República representa ya no a sus electores, sino que –de facto– se ha puesto al lado del crimen organizado; amén de un rosario de otros graves delitos que el parlamentarismo gobernante pretende prescribir.
Su salud mental, amable lector, puede agravarse después de repasar los delitos que ya no se consideran como los que practica una organización criminal. Es decir que, gracias a este Congreso, ya no son bandas quienes ejercen la estafa, el chuponeo, la usurpación de tierras, los delitos informáticos, los cometidos contra la propiedad intelectual, la falsificación de dinero o de documentos, la venta de medicamentos falsificados, el tráfico ilícito de migrantes, la tala ilegal, el marcaje no agravado, la tortura simple, la concusión, la colusión simple, el peculado, los cohechos pasivo simple y propio, el soborno internacional pasivo, la negociación incompatible, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito básico, la falsificación de documentos. Sí, así como se lee. Toda la lista de delitos que acabamos de leer ya no se castigan dentro de la estructura del crimen organizado. El ‘Tren de Aragua’, por ejemplo, tiene mucho que agradecerle a este Congreso y todo el embate legal en favor de la delincuencia que está cometiendo. Como lo decía líneas arriba, este Congreso ya no representa a sus electores, sino que hoy se ha formalizado su afanosa representación en favor del crimen.
Los allanados de ayer y hoy tienen, también, mucho que agradecerle al “primer poder del Estado”. En adelante, el registro y allanamiento se podrá realizar solo con la presencia del abogado de quien ha sido cazado. Todo el tiempo del mundo para esconder las pruebas. La naturaleza del allanamiento es el factor sorpresa, como para encontrar los Rolex de préstamo infinito que, en adelante, se podrán esconder con prudente antelación. Un experimentado general de la policía me recuerda que, incluso antes de esta vergüenza de leyes evacuadas por este Congreso, los vendedores de droga se daban el tiempo para tirar la coca al wáter. Imagínense lo que será en el futuro. Veo a cualquier émulo de Pablo distribuyendo la mercancía, con la policía allá afuera esperando al abogado. Todo un festín para la criminalidad.
Y todo este festín gestándose con la anuencia de quien no gobierna. La señora Dina Boluarte ha preferido claudicar ante este Congreso. Su gobierno es un remedo de gobierno. Una pantomima de Poder Ejecutivo al servicio de un Poder Legislativo. Un ucase de una presidenta que no preside. Que no despacha con sus ministros. Que no se reporta en las actas del Consejo de Ministros. Que prefiere las telenovelas turcas, antes que resolver la criminalidad. Todo lo contrario. Este gobierno pasará a la historia por ser el que le abrió las puertas a toda el hampa y la impunidad. Cada día de Boluarte es un punto más para Antauro en las encuestas. Y este Congreso no tiene peor idea que, temiendo la arremetida del etnocacerismo, arroja una ley con nombre propio para impedir postulantes a la presidencia. Sabemos del peligro que implica el otro Humala en el poder. Pero hay que estar loco para solo prohibir la rebelión, la sedición, el terrorismo y el asesinato –delitos que la justicia sentenció contra Antauro–, y dejar la puerta abierta a que postulen los traficantes, los corruptos, los secuestradores, los violadores de los derechos humanos y los lavadores de dinero. Sí, así como se lee. Toda la lista de delitos que acabamos de leer ya no se castigan para quien quiera lanzarse a la presidencia de la República. El dictamen se ha aguantado en comisión. Quizá esperando a que baje la ola y de ahí aprobarlo.
Es tan descarada la arremetida de la impunidad que hasta festejará Sendero Luminoso. La ley de amnistía le da carta blanca a los violadores de derechos humanos. Es tan demencial el proyecto que quiere prescribir delitos de lesa humanidad, que la matanza de Soras quedará igualmente prescrita. El comité central de Sendero saldría libre de polvo y paja. La revolución maoísta no tiene fin. Podrían reagruparse si quieren, gracias a este Congreso.
La Fiscalía, la Corte IDH y hasta 16 países se han pronunciado contra lo que está haciendo este Congreso. La cosa es clara: nos gobierna el Legislativo y el Ejecutivo es una especie de rehén de la plaza Bolívar. La realidad nos dice eso y difícilmente se podrá cambiar este revés moral y jurídico que se ha cometido. Le tocaría al Tribunal Constitucional rebatir este despropósito. Pero ya sabemos que este TC se inclina en favor de los congresistas. Y me quedo corto con todo lo que se está haciendo. La señora Boluarte no es una presidenta legítima y su desaprobación, y todo este caos, se refrenda en estos cinco puntos justo en el más crudo momento. Las luces del aeropuerto se apagarán de nuevo, Dios sabe cuándo. Saber elegir a la próxima debe ser una obligación, si es que no queremos entregarles el país a las mafias.
Y usted, ¿qué piensa hacer?