¡Que se vayan todos!, por Patricia Paniagua

La semana que acaba hemos asistido como país, nuevamente, al vergonzoso espectáculo de aniquilamiento del Estado de Derecho, la institucionalidad, la separación e independencia de poderes, la democracia y con ellos de las justas expectativas ciudadanas, orquestado, como ya sabemos, por la coalición gobernante, desde Ejecutivo y Legislativo.

La gravedad de los hechos acontecidos en los últimos días, se agregan a los varios hechos y denuncias previas, entre ellas la muerte de compatriotas a causa de la represión brutal a la protesta ciudadana y el escandaloso caso “Rolex”, entre otros, que evidencian con claridad la existencia de un pacto delictivo, de impunidad y de captura del poder, suscrito y vigente, contrariamente a todo interés ciudadano. Las fuerzas que componen la coalición autoritaria, mafiosa, criminal y anti derechos son las que sostienen hoy a la mandataria y que permiten esta arremetida congresal sin freno. Este plan fraguado, está claramente liderado y ejecutado por el fujimorismo rancio y sus herederos políticos actuales, a los que se suman fuerzas que han encontrado una agenda común de impunidad, contrarreformas y destrucción institucional y cuyos votos son determinantes para concretar esta “captura del país” para sus viles propósitos, así ello implique la debacle para sus ciudadanos y ciudadanas.

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Este momento aciago en el que parecemos atrapados, sin salidas razonables y predecibles en un momento de regularidad, como serían la renuncia o vacancia presidencial, motivadas más que de sobra y desde el inicio del régimen, en más de una contundente causa grave, ha dado lugar a que colectivos ciudadanos y expertos, acertadamente, postulen y releven la urgencia de exigir la activación de la Carta Democrática Interamericana, propuesta a la Organización de Estados Americanos (OEA) por el Perú en el año 2000, durante la Transición Democrática presidida por el ex presidente Valentín Paniagua, con la intención de aportar a la región un mecanismo de respuesta frente a rupturas como las que sufrimos en la década de los 90s y la que sufrimos ahora y que podría significar, en días de grosera captura total del poder, a través de los sistemas de justicia y electoral, una línea ciudadana de defensa del orden constitucional y la democracia en el país, en la que toca insistir férreamente en los próximas días como un esfuerzo que sume a destrabar una posible puerta de salida.

Sin embargo, los últimos hechos que comprometen a la misma presidenta de la república, en acciones de obstrucción a la justicia, encubrimiento personal (delito contra la administración de justicia) y abuso de autoridad (delito de corrupción), a causa de la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Además, el testimonio de un agente encubierto que señala a la misma presidenta dentro de una trama de corrupción y encubrimiento, en la que también está comprendida su abogado, y que ha motivado la detención de su hermano. Este último, previamente señalado en denuncias múltiples que hablaban de tráficos de influencias, ameritan una respuesta ciudadana acorde a la gravedad del daño que esto causa al país, y que ya vemos materializado, en términos económicos, en la cifras de recesión y pobreza monetaria y en términos de afectación a la ciudadanía en la postergación constante de una agenda que recoja sus justas urgencias y aspiraciones.

Esta respuesta ciudadana pasa por reconocer, en primer término, la mermada capacidad de movilización, afectada notablemente por la estigmatización, “terruqueo”, criminalización y represión brutal que dio lugar a la muerte y lesiones permanentes de compatriotas y, por supuesto, a la inexistencia de un sistema de partidos, la captura de la política para fines subalternos, el comprensible desprecio ciudadana por la política y la ausencia notoria de liderazgos. También, por una crisis económica que agobia y asfixia, en el día a día, e impide a parte de la población cubrir las necesidades más elementales, como las alimentarias, y los servicios más básicos para la vida digna y que, sin lugar a dudas, afecta de manera dramática a las poblaciones más vulnerables.

En segundo término, exigir que desde el poder económico y mediático se asuma una posición responsable frente a un escenario que nos condena a una caída en picada, que ya experimentamos, pero, que costará décadas de retraso a las generaciones venideras y que demanda una clara defensa de los intereses del país, por encima de los intereses particulares de todo orden, y presionar para hacer posible una salida dialogada al entrampamiento actual.

En tercer lugar, demandar de las agrupaciones políticas la madurez de entender que el momento exige poner en primer término al país y sus ciudadanos y ciudadanas y escapar de una situación de decadencia mayor de la que no haya punto de retorno, para ello, por supuesto, será necesario tender puentes y allanarse a las urgencias de este tiempo.

Por último, reconocer que como ciudadanía tenemos el deber moral y ético de no someter nuestra dignidad frente a un régimen ilegitimo, incapaz e inviable, tras del cual están fuerzas que pretenden convencernos que las mafias, la corrupción y el delito son parte de un “sistema” con el que debemos “conformarnos”. No, muy por el contrario, no nos cansemos de exigir, por muy solas que nos parezcan nuestras voces, la renuncia o vacancia presidencial y el adelanto de elecciones como única salida posible frente a la putrefacción actual.

 Más temprano que tarde, nuestras voces y acción organizada encontrarán como amalgamarse para hacer posible ¡Que se vayan todos!