Confesa pero no contrita, por Rosa María Palacios

Una semana después de su confesión pública, Dina Boluarte no aparece más frente al país. Tal vez le ha costado unos días entender que su declaración ante el fiscal de la Nación y su mensaje presidencial, el viernes 5, fueron un reconocimiento pleno de la conducta que configura el delito de enriquecimiento ilícito.

La presidenta ha dicho que su wayki Oscorima le prestó, 4 veces, joyas de un valor que está fuera de sus posibilidades de adquisición. Considera que esto fue un error, por ello las devolvió, y que no las declaró en su declaración jurada de bienes y rentas porque nunca fueron de su propiedad. Con ello, su defensa creyó que la libraba del delito de falsa declaración en documento administrativo, pero la condujo directamente al de enriquecimiento ilícito, que tiene penas mucho más graves. En este caso, para aquellos sometidos a antejuicio constitucional, dice el articulo 401 del Código Penal, la pena se eleva a una máxima de 15 años.

Sorprende la poca prensa que ha tenido la admisión de culpa de la presidenta. Un ángulo de la noticia que es, ciertamente, no menor. Para que exista enriquecimiento ilícito, se requiere que un funcionario público, “abusando de su cargo, incremente ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos”. Y “se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notablemente superior”.

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La Corte Suprema, en sucesiva jurisprudencia, ha establecido que los bienes producto del enriquecimiento ilícito no requieren pasar al funcionario bajo el título de propiedad, bastando la posesión y disfrute. Esto se entiende bien en los casos de corrupción en los que se contrata a testaferros que aparecen formalmente como propietarios, mientras que el delincuente disfruta del bien ilícitamente obtenido. Entender que el enriquecimiento ilícito solo es posible con la transferencia de la propiedad es un absurdo, porque solo se favorecía la proliferación de testaferros. Sorprende sobremanera que la presidenta, siendo abogada, no lo sepa, o lo que es peor, que su abogado Mateo Castañeda no se lo haya explicado.

Tres relojes Rolex y una pulsera de oro con brillantes, con un valor total aproximado de entre 70.000 y 80.000 dólares, son un “préstamo” que un presidente de la República no puede, bajo ninguna modalidad, recibir. Las joyas fueron usadas por la presidenta sucesivas veces a lo largo de los meses, y de ellos dan cuenta el registro fotográfico y las pericias que se harán sobre los bienes incautados esta semana. Basta con el beneficio de gozar de estos artículos, inalcanzables para el sueldo y ahorros previos presidenciales, para que el incremento patrimonial esté plenamente probado.

Lo que no se ha admitido aún es el cohecho (coima) que incluye tanto al gobernador de Ayacucho (agente activo) como a la presidenta (agente pasivo). Aquí la Fiscalía debe probar que los relojes y joyas son una contraprestación. Es decir, son regalos. Esto puede apuntalarse en varios hechos. El primero es que solo fueron devueltas cuando los periodistas de ‘La encerrona’ publicaron la historia. El segundo, la fecha de adquisición del primer Rolex (el de oro rosa) y la pulsera de oro con brillantes. El reloj fue comprado y entregado el día del cumpleaños de Boluarte. Ambas partes reconocen que fue un regalo, pero añaden que ella solo lo aceptó como préstamo.

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La pulsera de oro con brillantes se compra y se entrega el 25 de julio del 2023, día en que se publica el decreto supremo de urgencia que autoriza la transferencia de 320 millones de soles al Gobierno Regional de Ayacucho, para desarrollar infraestructura para la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El dinero pudo transferirse directamente a la universidad, por ser un pliego presupuestal autónomo. Pero el Ejecutivo aceptó la propuesta de Oscorima. El caso es único, ya que ningún otro Gobierno regional se ha visto favorecido de esta forma. La pulsera es un pago al “éxito” de las gestiones de Oscorima, que, como decían los corruptos brasileños del ‘Club de la Construcción’, “conquistó el proyecto”. Transferir dinero a Ayacucho no es delito, pero entregar una pulsera de oro con brillantes de mujer (eso trae abajo la tesis del “préstamo” de los bienes propios de Oscorima), como contraprestación, sí que lo es. Falta probar qué era lo que el gobernador (actualmente procesado por recibir una coima de casi 900.000 soles de la constructora Obrainsa) planeaba recibir para sí. Si a eso suman otra transferencia de 100 millones para un estadio, y otras más, pasan los 500 millones de soles del Ejecutivo a la región. Es decir, de Boluarte a Oscorima, pulsera y relojes de por medio. Parece un precio vergonzosamente bajo, pero así es la corrupción en nuestros días.

Con todo esto, se requiere muy poco para concluir la investigación fiscal. Hay, por lo menos, para el delito de enriquecimiento ilícito de la presidenta, un caso ganado por su propia confesión. No hay mucho más que decir y por eso se esperaba una reacción política adversa a la permanencia de Boluarte. En lo que se refiere a partidos con inscripción, fuera del Parlamento, el rechazo ha sido la norma y el pedido de vacancia y adelanto de elecciones, la constante. Pero, respecto a los partidos con inscripción en el Congreso, no se han inmutado, en una operación políticamente suicida. Continúa el apoyo a la permanencia de Boluarte, pese a los graves delitos cometidos y confesados frente a todo el país. Alguna retórica un poco más agresiva (“debería pedir disculpas”, ha dicho López Aliaga) o los pedidos rechazados de la izquierda para una vacancia no son más que un espectáculo para una tribuna, desde hace mucho, escéptica.

Fuerza Popular está concentrada en el juicio de Keiko Fujimori. Su único interés es inventar una historia fantástica para lograr una nulidad del proceso que empieza el 1 de julio. Menuda tarea la de tratar de emular a Lula, cuya sentencia se anuló porque se probó la parcialidad del juez al coordinar sus resoluciones con la Fiscalía. Keiko Fujimori cree o le han vendido la gran idea de que persiguiendo periodistas, usando sus medios satélites, va a lograr lo mismo. Si le gusta el espejo de Lula, que mejor se mire en el de Orellana. Eso terminará mal, pero no para Gustavo Gorriti y los periodistas de IDL-Reporteros que han recibido una ola internacional y nacional de apoyo y protesta; sino para ella.

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Renovación Popular secunda las campañas más estrambóticas de Fuerza Popular (amnistías a militares, por ejemplo) y juntamente con APP son el soporte de Dina Boluarte. Los demás se suman y medran todos para las economías criminales que se pasean por el Congreso. ¿Habrán descartado ya toda posibilidad presidencial Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Richard Acuña? ¿Los juicios de Lava Jato no les permiten ver el futuro y el costo político de sostener a una presidenta confesa? Si es así, se quedan todos hasta julio del 2025.