La JNJ y su crucial rol hoy, por Joseph Dager Alva
“Eliminar la JNJ, como quieren varios parlamentarios, resulta una grave afectación al orden democrático porque es un atentado al equilibrio de poderes”.
(*) Historiador y profesor universitario.
Esta semana ha jurado el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución amenazada de muerte por el Congreso de la República.
Antonio de la Haza no dudó en afirmar, en su discurso de investidura, que defender la autonomía de la JNJ era también defender la democracia. Más aún: “supone la defensa inequívoca de la separación de poderes, única garantía de vigencia plena del sistema democrático y del Estado de derecho”. Clara toma de posición política, y no solo técnica.
Nuestra Constitución contempla que un organismo constitucionalmente autónomo sea el que nombre, ratifique y sancione a jueces y fiscales de todos los niveles, además de designar a los jefes de la ONPE y el Reniec. La JNJ nació por el rechazo de la población a la corrupción escandalosa del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). A través de referéndum, la JNJ reemplazó al CNM.
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La JNJ, en menos de 5 años, ha dado pasos importantes para mejorar en el futuro el sistema de justicia peruano. Ha mostrado una actuación honesta y valiente. Ha destituido o sancionado a, al menos, 15 magistrados supremos, y más de otros 250 jueces han recibido diversos tipos de sanciones.
Eliminar la JNJ, como quieren varios parlamentarios, resulta una grave afectación al orden democrático porque es un atentado al equilibrio de poderes; una injerencia del Congreso en la independencia de la administración de justicia. Pretender remover a sus consejeros, sin causa fundada, no solo vulnera su funcionamiento, sino al Estado de derecho.
Lo ha entendido bien el actual presidente De la Haza al enviar un claro mensaje político como también el consejero Vásquez cuando ejerce de vocero. Ojalá que la Junta siga actuando en el convencimiento de que su condición de entidad técnica no la imposibilita de hacer política, pero de la buena, de esa que se hace para servir al ciudadano. Ojalá que la Junta no rehúya el debate político allí dónde el tema es medular. Fue la primera institución que se pronunció en contra de la intentona de golpe de Estado de Pedro Castillo, si bien ese comunicado y ese “viva el Perú” final sonaron a un envalentonamiento digno de mejor causa, teniendo al frente a uno de los Ejecutivos más debiluchos de nuestro devenir.
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Esa mejor causa la tienen ahora con uno de los Congresos más autoritarios y antidemocráticos de la historia peruana. Que no deje ataque sin responder, duda sin explicar, que informe, como es su deber, a la ciudadanía permanentemente. Y que, en especial, comunique políticamente acerca de los correctos y justos procedimientos que le está llevando a cabo a Patricia Benavides, pese a haberla nombrado fiscal suprema con el primer puesto. Con ella, a lo que se ve, se equivocaron muchos. Reconocer errores es señal de grandeza, y la población sabrá entenderlo.