Otra vez: organización criminal dentro del Estado, por Diego García-Sayán

Parecían tiempos idos. Aquellos en que organizaciones criminales vertebraron la tríada que tanto daño hizo al Perú (Fujimori+Montesinos+Fiscal de la Nación). Tuvo que restablecerse la democracia y tod@s ell@s acabaron investigad@s, condenad@s y tras las rejas. Sería equivocado decir que el drama actual es igual.

Pero una Fiscal de la Nación con indicios severos de encabezar una organización criminal no es poca cosa; los hechos son ahora de público conocimiento. Mientras, no merece credibilidad la estentórea denuncia contra Boluarte ahora que Benavides está con la soga al cuello. Incluir el sonoro “genocidio” da cuenta de ligereza -y oportunismo- en el ejercicio de su función pues ese tipo penal es para hechos diferentes a los ocurridos en Perú.

Sin perjuicio de las conductas que sustentan la descripción de la organización criminal que encabezaría Benavides, vienen a la memoria dos “perlas” del rosario de esa fuente de actos ilegales y arbitrarios que fue su gestión desde el inicio. Dejo de lado el hecho -harto conocido- de sus misteriosas tesis -jamás aparecidas- lo que, en cualquier sociedad normal, debería haber conducido a dejar sin efecto su designación al cargo.

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Me refiero a otros dos asuntos graves sobre la colisión de la conducta de Benavides con la legalidad y que vienen desde el inicio de su gestión. Antes de que moviera a la Fiscalía para hacer política en el Congreso y tumbarse a la Fiscal Zoraida Ávalos con el auxilio de inescrupulosos(as) congresistas.

Primero, las remociones masivas y arbitrarias de fiscales. Que podrían haber sido una simple “cortina de humo” para desplazar -dentro del “montón”- a la Fiscal Revilla que investigaba a su hermana Enma por un delito conectado al narcotráfico.

Segundo, el ilegal ataque de Benavides al derecho a la libertad de expresión de los fiscales. Particularmente grosero y arbitrario fue este atropello ilegal en la separación del fiscal anticorrupción Rafael Vela, quien había expresado una opinión crítica sobre una sentencia dictada hace cuatro años. Jueces y fiscales tienen derecho a la libertad de expresión. Lo que hizo Vela es ejercer ese derecho y no ventilar asuntos confidenciales de un expediente en sus manos como se ha insinuado sin sustento.

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Este derecho de jueces y fiscales se encuentra claramente establecido en un derecho internacional que la fiscal no debería ignorar. Entre los instrumentos de alcance global destacan los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura, los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y las Directrices de la ONU sobre la Función de los Fiscales. En ellos el derecho a la libertad de expresión de jueces y de fiscales está expresamente garantizado.

A nivel regional hay desarrollos muy importantes tanto en Europa como en América. Para referirme sólo a nuestro continente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en varias sentencias este derecho a la libertad de expresión. La Corte se ocupó del ejercicio de la libertad de expresión de jueces en un caso emblemático sobre Honduras relativo a cuatro magistrados que habían sido destituidos por su actuación y declaraciones públicas en favor del restablecimiento de la democracia en su país tras un golpe de estado.

La Corte determinó que se habían violado sus derechos. Sustento que “en situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de protestar contra la actuación de los poderes estatales contraria al orden constitucional y para reclamar el retorno de la democracia. Las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible”.

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En medio de la explosión actual, la coyuntura no puede cerrarse sin pasos concretos. Para empezar, con la suspensión inmediata de Benavides por la JNJ y el regreso de la Fiscal Suprema Delia Espinoza del JNE a donde fue enviada arbitrariamente. Y que esa Junta de Fiscales Supremos elija ya nuevo(a) Fiscal de la Nación.