Demolición, Los Saicos… Perú hoy, por Diego García-Sayán

La famosa y creativa banda sesentera, “Los Saicos”, creó la emblemática canción “Demolición”.  “Los Saicos” se abrieron campo con creativas canciones en castellano como “Fugitivo de Alcatraz”, “Cementerio” o “El entierro de los gatos”, entre otros títulos nada “light”.

Aunque sin mencionar a “Los Saicos”, atinó Marco Sifuentes en “La Encerrona” de este martes, cuando calificó como “campaña de demolición” el proceso en marcha de desmontaje sistemático de las instituciones democráticas en el Perú.

La demolición institucional de la democracia es algo que ya sufrió el Perú varias veces. La etapa más reciente es la década de los noventa, en que se concentró el poder en la dupla Fujimori/Montesinos y se abrió paso a una de las etapas de mayor corrupción en la historia republicana. Lo que hoy se sufre en el Perú tiene algunas semejanzas con esa época oscura, pero también algunas diferencias.

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La principal es que en el proceso Fujimori/Montesinos había un liderazgo claro desde esa dupla. A partir de allí pusieron a marchar a la fiscal de la Nación de ese entonces, al Poder Judicial y a los servicios de inteligencia, entre otras instituciones del Estado. Todo ello en un contexto de una suerte de legitimación derivada del clamor nacional, de enfrentar al terrorismo y de salir de la hiperinflación dejada por el primer gobierno de Alan García.

En la actual situación no hay un liderazgo ni un motivo —o pretexto— de legitimación nacional. Cero. Nadie se cree lo de las balas “dum-dum” bolivianas o que quienes protestan son terroristas. Se trata más bien de un proceso caracterizado por la convergencia de propósitos e intenciones oscuras de varias personas con ilegal proceder para favorecerse a sí mismas.

Desde ellas compiten varios instrumentistas para ejercer un poder sin control, pero esta vez sin siquiera una excusa de un objetivo nacional. Así, los escasos referentes institucionales de control de poder van siendo aniquilados o neutralizados. El siguiente en la lista parecería ser el procurador Daniel Soria por atreverse a actuar independientemente en las investigaciones por las matanzas de diciembre del 2022. Él mismo había sido destituido irregularmente por Castillo el año pasado, y logró revertir esa destitución a través de una resolución judicial.

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Se van sumando desde quienes tienen el poder, acciones que demuelen la institucionalidad para beneficio propio. El inefable Congreso es presidido por alguien condenado por un delito. La “comisión de ética” del Congreso es un cuento, convalida mil estropicios, incluidos los robos del sueldo de auxiliares por parte de otros congresistas que utilizan medios delictivos.

Encima, la institución trabaja activamente para avasallar la independencia judicial: destituyendo irregularmente a la fiscal suprema Ávalos, denunciando a exmagistrados del Tribunal Constitucional —como Marianella Ledesma— porque a una congresista chalaca no le gustó una sentencia del TC. Y ahora emprendiéndola impunemente contra la JNJ.

Por su parte la fiscal de la Nación tiene todo un récord: omite el deber de investigar en serio los hechos criminales graves del último año, tiene pendiente explicar el ya viejo episodio de meter mano a la investigación fiscal de su hermana, bloquea el derecho de acceso a la información sobre los trabajos y debates en la Junta de Fiscales Supremos y canceló la investigación a jueces corruptos en el caso Cuellos Blancos.

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De todo esto debe haber tomado debida nota el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en su visita la semana pasada. Del descalabro institucional también toman nota directamente los inversionistas, a quienes no les bastan palabras bonitas para tomar decisiones de inversión.

La demolición institucional de la democracia viene exacerbando comportamientos cada vez más descarados por parte de quienes detentan el poder. Y esta demolición siempre tiene un costo alto para los países.