Desidia que mata, por Miguel Palomino

No conocí a ‘Nano’ Guerra García y nunca tuve contacto con él, pero lo “conocía” por reputación, la cual era bastante buena. Al leer los comentarios que se hacen sobre él, incluso de quienes eran sus contrincantes políticos, esto se nota.

Sin embargo, no quisiera hablar sobre el Sr. Guerra García, sino de lo que le sucedió a él y lo que le sucede a diario a cientos de miles de peruanos: les falló el Estado, en donde más duele, en la vida misma.

El Sr. Guerra García ha llamado la atención por ser un alto funcionario precisamente de ese Estado al que, aparentemente, una atención médica básica le hubiera podido salvar la vida. Pero esa atención no estaba disponible porque el centro médico al que asistió estaba cerrado. Como si la salud tuviera horario, como si se pudiera prohibir enfermarse de noche.

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No se trataba de un caserío alejado, el distrito de Punta de Bombón cuenta con 6.500 habitantes, de los cuales cerca de dos tercios están afiliados a un seguro de salud y casi la mitad de ellos están afiliados al Sistema Integrado de Salud. Sin embargo, el Estado solo cumplía su compromiso con la salud básica de la población de 7 a. m a 7 p. m. De ahí en adelante había que trasladarse 35 kilómetros hasta Mollendo, trayecto en que falleció el primer vicepresidente del Congreso.

Pero eso no es lo peor. La historia de fondo parece una película de horror. Desde el 2015 y hasta el 2018, Punta de Bombón y otros distritos del valle del Tambo (Cocachacra y Dean Valdivia) contaban con un acuerdo mediante el cual los tres distritos vieron aumentado su personal de salud en 70%, se reparó y donó equipo médico importante y se pasó a prestar la atención en salud las 24 horas del día. ¿Cómo fue posible esto? ¿Se duplicó el presupuesto de salud? No, lo que pasó fue que una empresa minera, con el ánimo de ganarse la buena voluntad de la población, financió de su propio presupuesto toda esta importante mejora.

Pero el Sr. Elmer Cáceres Llica fue elegido gobernador de la región Arequipa al final del 2018 y entró en funciones en el 2019, procediendo a cancelar el acuerdo, con lo cual cesó el funcionamiento de los centros de salud las 24 horas. Así, el gobernador mostraba su fuerza y su desacuerdo con un proyecto minero, dejando sin servicios de salud a la comunidad de Tambo.

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Cuando en octubre de 2021 Cáceres Llica fue detenido por colusión, cohecho y entrega de obras a sus asociados y seguidamente el Poder Judicial le dictó 24 meses de prisión preventiva, se le suspendió en sus funciones de gobernador. Desde esos días, el Gobierno regional de entonces y el de ahora no se han animado a relanzar el acuerdo.

Este caso terrible no es más que uno de los miles que suceden en el país todos los días. El Estado nos falla en casi todos los aspectos básicos que son su razón de ser: salud, seguridad, justicia, educación. Estas fallas se han agudizado con la altísima rotación de funcionarios desde ministros para abajo en casi todas las dependencias públicas en los últimos años.

Nadie puede resolver todos los problemas que aquejan al Perú en un solo gobierno, por supuesto; ¡pero sí se puede pedir que por lo menos no empeoren las cosas! Aunque sea a paso lento, pero que se vea que se tiene un plan para mejorar. ¡Que por lo menos se note que les interesa!

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Esa labor nos corresponde realizarla a los peruanos, no buscando destruir instituciones, sino mejorándolas y fortaleciéndolas. Es una tarea titánica que a veces hace pensar que es mejor patear el tablero y hacerle caso a los “salvadores” que nunca se hacen extrañar.

Es ahora cuando, más que nunca, debemos saber que las soluciones fáciles que buscan culpar a los “otros” y no tomar responsabilidad no funcionan. Que solo funciona el esfuerzo permanente de un gran grupo de peruanos honestos y trabajadores y que solo con nuestro apoyo y nuestros votos saldremos adelante.