Caso desbaratado

“Nadie me presionó”, señaló ayer el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, que se volvió a reunir casi virtualmente, para seguir con la investigación sumaria contra el Pleno de la Junta Nacional de Justicia.

Han sido tres jueces supremos, uno de ellos el presidente del PJ, quienes han señalado que no existió ninguna presión para realizar una Sala Plena por el caso de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien fue removida por el Congreso de su cargo e inhabilitada en el ejercicio de sus funciones, en lo que se consideró una sanción por la aplicación del criterio jurídico, que es potestad de jueces y fiscales.

La Sala Plena fue solicitada, según Arévalo, por otros ocho integrantes de la Corte Suprema, lo que constituye el número legal para hacerlo. Y en la propia reunión de los altos magistrados se decidió no emitir ningún comunicado.

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El juez supremo fue claro al señalar que ningún representante de la JNJ ha ejercido algún tipo de presión sobre él o sobre los otros magistrados y que la decisión de no emitir comunicado alguno se adoptó por la mayoría y que después de este acto no se ha producido declaración o posición pública en contra de algún participante a la cita.

En la moción 7565, aprobada por el Pleno del Congreso con 84 votos, que es la que abre la investigación sumarísima contra los integrantes de la JNJ se señala que una de las causas de este proceso es el trascendido periodístico que atribuye a tres miembros de la Junta haber ejercido presiones indebidas contra el presidente del Poder Judicial y otros jueces supremos.

Es el segundo cargo por el que se investiga a los siete miembros de la JNJ, para quienes se ha planteado la destitución. En la moción –impulsada por la congresista Patricia Chirinos– se detalla que “el Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha perdido imparcialidad y objetividad al atribuirse funciones que no le corresponden e impulsando acciones cuasi delictivas”.

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Desbaratado este argumento por los propios jueces supuestamente presionados, todavía quedan otros cuatro: el comunicado que exhorta el respeto al criterio jurídico de jueces y fiscales; la interpretación sobre la edad de cese de la doctora Inés Tello; la no presentación de informes anuales al Pleno del Congreso y finalmente la filtración de información sobre el proceso disciplinario a la fiscal de la Nación. Estos cargos tendrán que ser probados fehacientemente por los congresistas en el marco del debido proceso.