Oficialismo-oportunismo, por Indira Huilca

La agitación de los primeros meses de Dina Boluarte en el poder ha dado paso a un actual estado de tensión, con expresiones de fuerte resistencia al Gobierno concentradas sobre todo en el sur del país. Esta ruta podría seguirla el norte, que de la crispación por la emergencia climática y la pésima gestión gubernamental, pasará a la negociación con Lima en busca de recursos para paliar el desastre y alistarse con miras al FEN. Este momento de inflexión tiene distintas lecturas y estrategias.

El Gobierno aprovecha la fatiga de la protesta e intenta restringirla a Puno, región bajo estado de emergencia y control de las Fuerzas Armadas. Del otro lado, los sectores movilizados tras las banderas de la renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y adelanto electoral, cuando no de la asamblea constituyente, buscan en este momento de repliegue alguna forma de articulación frente a un régimen con indicios de querer llegar más allá de 2026.

Ante ello, es necesario caracterizar mejor a un régimen que tiene como máscara a Boluarte, pero que acoge bajo su mano dura a varias fuerzas. Más allá de categorías como sucesión constitucional, régimen híbrido, autoritarismo o dictadura, señalemos actores y comportamientos que contribuyen a la permanencia e impunidad del Gobierno, al que usan como un medio para avanzar con sus agendas preexistentes. Se trata de una coalición oficialista de ocasión, dispuesta a sostener de palabra, obra y omisión a Boluarte y que, salvo el recurso a la represión armada, no se adhiere a ninguna política oficial, quizá también porque cada día queda más claro que la presidenta no tiene agenda, y difícilmente construirá una desde Lima y con los adjetivos que pesan sobre su persona (asesina) y mandato (usurpadora).

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La criminalización de víctimas y sobrevivientes de la represión, así como la búsqueda de impunidad, forman un frente en el que el Gobierno cuenta con la complicidad de la fiscal de la Nación. La súbita reorganización del subsistema de derechos humanos y el traslado a Lima de las investigaciones fiscales sobre las muertes ocurridas en otras regiones durante las protestas son hechos que dan cuenta de esta connivencia, y siguen el mismo patrón de la reestructuración del sistema anticorrupción que investigaba casos como Los Cuellos Blancos. El Congreso puede ser también visto como oficialista.

Un gesto definitivo en esa dirección fue desestimar la moción de vacancia contra Boluarte, y antes, otorgarle la confianza al primer ministro, en claro respaldo a las masacres perpetradas y a las maniobras pro impunidad. Lo que hasta diciembre fue un conflicto irresoluble entre poderes del Estado, ha terminado como una simbiosis política con el auspicio del MEF, que aprobó a fines de marzo un crédito a favor del Congreso por 48 millones de soles, que irán a parar a más comisiones especiales e investigadoras, que como se sabe son usadas como agencias de empleo y maquinaria partidaria.

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Estos aires oficialistas afectan también al vecino de Boluarte en la plaza Mayor. El alcalde López Aliaga y su partido Renovación Popular encuentran en este régimen represor e impopular el ambiente propicio para destilar sus fantasías reaccionarias y antiderechos: el asedio al Lugar de la Memoria, la desaparición de las oficinas destinadas a promover la organización en el campo cultural, la imposición de una agenda “de familia” en las áreas que deben velar por los derechos de la mujer y población LGBTIQ y hasta la búsqueda de participación privada en la educación pública. En esa agenda se encontrará con el ministro de Educación, Oscar Becerra, otro adefesio que combate la educación con igualdad y ahora pone sobre la mesa el retiro del Perú de la CIDH.