Los delegados

Maraví se ha convertido en el eje de las controversias políticas de esta semana. De varias maneras el procedimiento que ha seguido el Congreso sobre él ha intentado reproducir el caso Béjar, que renunció antes de la investidura de agosto. Pero Béjar renunció después de que la Marina hizo cuestión de estado sobre su permanencia. Esta vez la crisis no ha incluido ninguna entidad ajena al par Ejecutivo-Parlamento.

Diferenciándose de Béjar, Maraví anunció desde el principio de la crisis que no renunciaría. Bellido, que había pedido su renuncia en la interna del gabinete, a finales de agosto, anunció que haría de su permanencia cuestión de confianza si el Parlamento intentaba censurarlo. Lanzado el desafío, la mayoría en el Congreso parece percibir que no le quedan reservas suficientes para eludir la confrontación una vez más. Mejor censurar a Maraví después de haber promulgado la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza, que sin duda observará el gobierno en unos días. La ley, sostenible o no, puede servir como escudo temporal para derivar la controversia al TC.

Pasamos a un tiempo incierto sin solución a la vista.

Sin embargo, el caso Maraví representa problemas que le exceden. No es parte del entorno de Cerrón. Antes de las elecciones, Maraví rechazó una invitación de Castillo para sumarse a su cuota en la lista de PL al Parlamento. Su única acción política reconocida desde que es ministro ha estado instalada fuera de la agenda de Cerrón: conceder la inscripción como sindicato al Fenateperú, una agrupación formada por Castillo como segunda versión del Conare. El Conare, que Maraví ha aceptado ayudó a formar, ha sido señalado más de una vez como una de las últimas expresiones sindicales del Movadef. Los sectores que convergen alrededor del Fenateperú, nueva versión del Conare, pretenden lograr dos cosas que Movadef jamás logró: disputar al SUTEP la representación del magisterio e inscribir un partido ante el JNE. Entre tanto, PL y estos sectores parecen comportarse en el gabinete como aliados condicionales en un frente que también integran, pero con menos influencia y a cierta distancia, tres representantes de la izquierda progresista y cuatro independientes.

Desde estos antecedentes, la defensa que PL ha lanzado a favor de Maraví no parece concentrada en su persona. Parece arreglada a mantener los confusos procesos de esa asamblea de delegados en que han convertido al gabinete fuera de las manos de un Parlamento que fue diseñado en el 93 para no involucrarse en estas cosas más de dos veces.

Salvo excepciones, este gabinete, convertido en la asamblea de delegados, no gobierna, solo negocia y renegocia cuotas de influencia. A la larga esta manera de distorsionar su papel debería provocar el colapso del gobierno. Pero en lo inmediato ni siquiera estamos discutiendo la invalidez de su conformación interna. Sin notarlo, apenas discutimos si Maraví, instalado como delegado del sector que confluye en el Fenateperú, debe seguir ahí o no. En un manejo más perverso de las cosas, el propio Fenateperú podría promover su reemplazo sin alterar las cuotas de influencia que se han distribuido en el Ejecutivo. Para eso les bastaría con designar otro representante que responda a sus intereses. Invisibles como aún son podríamos ni siquiera percibir el reacomodo y la forma en que se reproducen las cuotas de representación en el gabinete. Acaso solo notemos que el nuevo delegado tampoco sería un especialista en políticas de empleo.

Tenemos al frente algo peor que solo un conjunto de malos ministros. Enfrentamos una deformación del gabinete que se desarrolla ante nuestros propios ojos, extraviados como están en una historia cuya magnitud no alcanzamos a entender.