Amnistía Internacional pide a España que deje de vender material policial a Perú

La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno de España que detenga las exportaciones de material antidisturbios al Perú, que vive una crisis política que llegó a su clímax el sábado, cuando la represión policial se saldó con los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Jack Pintado.

En una carta dirigida a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, la sección española de AI mostró su “preocupación por la venta de material antidisturbios, como cartuchos lacrimógenos” fabricados en España, refirió este martes 17 de noviembre el diario local El País.

En los últimos cinco años el Ejecutivo de España autorizó la exportación al Perú de equipos antidisturbios por un valor superior a 23 millones de euros (alrededor de 98 784 335 millones de soles), aunque solo se han completado envíos por casi tres, apuntó AI.

En su cuenta oficial de Twitter Amnistía Internacional indicó que el pedido al Gobierno es no conceder nuevas autorizaciones, suspender los envíos y revocar la aprobación de las licencias concedidas.

El año pasado España no exportó material policial a Perú, pero sí concedió cuatro licencias por valor de 9,3 millones de euros (aproximadamente 40 millones de soles).

El sábado 14 de noviembre AI comunicó en su sitio web que de acuerdo a la información recibida en las masivas protestas contra Manuel Merino hubo “uso excesivo e innecesario de la fuerza por la Policía Nacional”.

“Los videos verificados digitalmente por Amnistía Internacional son evidencia contundente de la violencia ejercida por la Policía contra la población a la que debería proteger”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, resaltó en ese momento que la crisis política “está generando una crisis de derechos humanos”.

El fin de semana España abogó por el cese de la violencia y la búsqueda de una salida a la crisis con el cese de “los actos de violencia”.

Mediante un comunicado la Cancillería española enarboló el derecho a la manifestación pacífica y enfatizó la necesidad de que los funcionarios de seguridad se “atengan a los estándares internacionales”.