
Helen, inmigrante salvadoreña de 47 años, vive en Miami desde 2009 y actualmente tiene tres hijos de 8, 9 y 20 años. Ella lleva consigo una tobillera electrónica y será deportada a su país de origen el 26 de junio. "No he matado a nadie. Yo no hice nada malo", declaró en un enlace telefónico con TN desde su casa en Florida.
Esta es una de las muchas historias que atraviesan miles de inmigrantes en EE.UU. debido a las violentas protestas que se originaron en Los Ángeles, California, y que el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) lleva a cabo constantemente mediante redadas, arrestos y órdenes de deportación.
Helen salió de El Salvador en 2009, huyendo de la pobreza y la violencia que azotaban su país. Decidió cruzar la frontera junto a su hija, que en ese entonces tenía tres años. Desde ese año, Helen vive en EE.UU. con un estatus legal que le permite trabajar como empleada del hogar. De este modo, ha logrado salir adelante y trabajar sin preocupaciones. Sus otros dos hijos nacieron posteriormente, cuando ella ya vivía en Miami con su actual pareja, quien es originario de Nicaragua.
Anualmente, Helen debe presentarse ante la oficina de migraciones para renovar su estadía y su permiso de trabajo. Sin embargo, cuando acudió a su última cita, le preguntaron si conocía al nuevo presidente, a lo que ella respondió afirmativamente. Fue entonces cuando le informaron que tenía una orden de deportación, la detuvieron y, como no había espacio en la cárcel, le pusieron un grillete en el tobillo.
Helen explicó que ICE la citó de manera urgente a sus oficinas, y ella asistió. Sin embargo, su cita fue para ser arrestada. La llevaron a una celda con otras cuatro mujeres, les entregaron cuatro latas de atún y unas galletas. Además, había una cámara que apuntaba al inodoro. Estuvo detenida durante 8 horas, pero luego la liberaron y le indicaron que debía regresar con un boleto de avión hacia El Salvador.
Debido a la situación en la que se encuentra, Helen se ha visto obligada ha comprado su boleto y se ha presentado con su ticket aéreo, con fecha de vuelo para el 26 de junio. A pesar de esto, aún mantiene la esperanza de que la ley cambie de opinión y le permita quedarse.
Su abogada planea presentar un recurso de "state removal", apoyándose en un amparo que argumenta que su hijo menor sufre problemas cardíacos. Si no le aceptan el recurso, ella y toda su familia regresarán a su país de origen, donde no tienen familia ni hogar para vivir.
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