
Durante más de dos décadas, Rebecca Trimble vivió convencida de que era una ciudadana estadounidense. Nació en Corea del Sur y fue adoptada por una familia de Oregón cuando tenía apenas tres años. Asistió a escuelas públicas, obtuvo una licencia de conducir, se casó, tuvo hijos y trabajó como cualquier otra residente del país. Nunca imaginó que su estatus legal sería puesto en duda. Todo cambió el día que intentó solicitar su pasaporte.
La solicitud fue rechazada. Las autoridades le informaron que, legalmente, no era ciudadana de Estados Unidos. La razón: sus padres adoptivos nunca completaron el proceso de naturalización tras su llegada al país. Hoy, con 30 años y una vida entera construida, enfrenta una posible deportación a Corea del Sur, un país que no conoce, cuyo idioma no habla y donde no tiene vínculos.
El caso de Rebecca Trimble sacude a la opinión pública por su crudeza. El vacío legal en el proceso de adopción la dejó en un limbo migratorio, y el gobierno estadounidense ya emitió una orden de salida voluntaria. Esta situación no es un caso aislado. Se estima que miles de personas adoptadas en el extranjero por ciudadanos estadounidenses enfrentan escenarios similares, especialmente aquellas adoptadas antes del año 2001, cuando entró en vigor la Ley de Ciudadanía Infantil.
Trimble nunca fue informada de que no era ciudadana. Sus padres creían haber cumplido todos los requisitos y jamás imaginaron que su hija podría ser considerada extranjera. El sistema tampoco alertó sobre el problema. De hecho, el Estado emitió documentos oficiales a su nombre durante años. “Toda mi vida me sentí parte de este país. Ahora me dicen que no pertenezco”, relató en una entrevista.
El gobierno de Estados Unidos exige que Trimble regrese a Corea del Sur, a pesar de que no conserva lazos familiares ni culturales con ese país. Nunca regresó desde su adopción y tampoco domina el idioma coreano. Si es deportada, su vida cambiará de forma drástica: perderá el contacto con su esposo, sus hijos, su hogar y su comunidad.
Su situación provocó una campaña de apoyo a nivel nacional. Organizaciones defensoras de los derechos de los adoptados y de inmigrantes presionan para que se revise su caso. También buscan ampliar la cobertura de la Ley de Ciudadanía Infantil, para incluir a todos los adoptados, sin importar la fecha. Mientras tanto, Trimble permanece en un limbo jurídico y emocional.
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El caso ya llegó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que rechazó la solicitud de legalización por vía humanitaria. La pareja de Trimble, un ciudadano estadounidense, también pidió su residencia permanente, pero las autoridades no dieron lugar a la petición. A pesar de todo, la familia mantiene la esperanza de que el Congreso actúe.
El drama de Rebecca Trimble evidencia una de las grietas del sistema migratorio en Estados Unidos: miles de personas pueden vivir durante décadas bajo la falsa seguridad de tener un estatus legal. La historia de esta mujer, marcada por la adopción y la amenaza de deportación, genera indignación y un llamado urgente a reformar la legislación vigente.

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