Donald Trump ha reavivado el debate sobre la inmigración al prometer aumentar las deportaciones si regresa a la Casa Blanca. Esta medida causó incertidumbre entre millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Su plan priorizaría a aquellos con antecedentes penales, lo que ha provocado una gran división en la opinión pública sobre los derechos de los inmigrantes y la seguridad nacional en EE. UU.
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿quiénes serían los más impactados por las políticas de deportación que Trump propone? Según fuentes oficiales y análisis recientes, se anticipa que los esfuerzos se enfocarán en fortalecer las investigaciones y realizar detenciones selectivas, lo que ha generado alarma en las comunidades más vulnerables.
La propuesta de Donald Trump se enfoca en los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Tom Homan, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), explicó que las detenciones se realizarán tras investigaciones previas, con el fin de identificar a aquellos que representen una amenaza para la seguridad pública. Esto sugiere que no todos los inmigrantes indocumentados están en riesgo inmediato, aunque el temor sigue siendo intenso en muchas comunidades.
El virtual candidato presidencial señaló que deportará a los inmigrantes que se encuentren en Estados Unidos. Foto: AFP
Según datos del Pew Research Center, más de 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, siendo la mayoría originarios de países como México, El Salvador y Guatemala. Aunque no existen cifras precisas sobre la cantidad de personas en esta situación que tienen antecedentes penales, estudios recientes indican que las tasas de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados son más bajas que las de los ciudadanos estadounidenses.
Las deportaciones masivas podrían acarrear consecuencias graves tanto para las familias como para la economía local. Muchas familias inmigrantes están conformadas por ciudadanos estadounidenses y personas indocumentadas, lo que podría provocar la separación de estos grupos. Además, sectores clave de la economía, como la agricultura y la construcción, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, podrían enfrentar serias dificultades económicas.
El debate también gira en torno a los derechos humanos y el debido proceso. Abogados de inmigración han señalado que el enfoque selectivo podría derivar en errores o abusos, afectando a personas que no representan un peligro para la sociedad.