Por Armando Mendoza –Roberto Machado (*) Recientemente, el gobierno nos ha sorprendido con tres medidas tributarias: la reducción en las tasas del IGV, del ITF y la anunciada reducción del ISC sobre los combustibles. En todos los casos, el objetivo manifestado por el gobierno es contener el incremento de los precios y devolver, así, capacidad de compra a los consumidores. Sin embargo, numerosos analistas han manifestado su disconformidad con tales medidas por diversas razones. En primer lugar, desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, es evidente la conveniencia de una política fiscal contracíclica, es decir, que contraiga el gasto público o incremente los impuestos en periodos de auge y que haga lo contrario durante las desaceleraciones o caídas de la actividad económica. En tal sentido, dado un crecimiento del PBI real proyectado para este año por el MEF en 7%, las medidas tributarias recientemente anunciadas aparecen, paradójicamente, como altamente procíclicas. Esto es justamente lo argumentado por Waldo Mendoza en esta misma columna el domingo pasado. En segundo lugar, ¿por qué debemos creer que las reducciones impositivas y, en especial, la del IGV beneficiarán a los consumidores? La reciente experiencia del Ministerio de Salud sobre la rebaja arancelaria a la importación de medicinas asociadas a enfermedades crónicas, lejos de reflejarse en los precios al público, simplemente se transformó en incrementos de los márgenes de ganancia de importadores y farmacias. ¿Puede el gobierno asegurar que lo mismo no pase con esta rebaja del IGV y que quienes ganen al final no sean solo los intermediarios? En tercer lugar, las pérdidas de recaudación asociadas a estas medidas están estimadas para este año en unos S/. 3,000 millones en el caso de la reducción de la tasa del IGV y en unos S/. 600 millones por la reducción de la tasa del ISC a los combustibles. Esto equivale a alrededor de 0.8% del PBI proyectado para 2011. ¿Cómo se compensará esta perdida de recursos fiscales? Realidad: no recaudamoslo suficiente Tradicionalmente son tres los objetivos básicos del Estado en la economía: estabilidad macroeconómica, equidad distributiva y eficiencia en la asignación de recursos (Musgrave, 1959). Evidentemente, el sistema tributario debe cumplir un rol destacado en el logro de estas metas. Durante los últimos 20 años se ha avanzado de manera muy desigual en estos temas. Así, aunque se ha progresado mucho en términos de estabilidad macroeconómica, la desigualdad en la distribución del ingreso y de las oportunidades continúa siendo severa. Esto último tiene relación directa con los pobres niveles de inversión pública en educación y salud, debido a la insuficiente cantidad de recursos destinados a estos rubros, amén de la manifiesta ineficiencia en su uso. Esto se evidencia, por ejemplo, en las malas calificaciones obtenidas por escolares peruanos en pruebas internacionales de comprensión de lectura y de razonamiento matemático. Esta situación demanda una intervención decidida por parte del Estado; pero ¿cómo se financiará una mejor educación y salud, con estos niveles de recaudación insuficientes? A partir de una estimación de la tributación como porcentaje del PBI para el año 2008 en un conjunto de países, se puede calcular la recaudación que el Perú debió tener en el 2010 dado su nivel de desarrollo económico, medido como el PBI per cápita en dólares internacionales de igual poder de compra. Los resultados de este ejercicio indican que la presión tributaria en nuestro país debió ser del orden de 17.8% del PBI; sin embargo, las cifras oficiales indican una recaudación de solo 14.9%. Es decir, se debe elevar la presión tributaria en casi 3 puntos porcentuales para ubicarnos en una posición consistente con la norma internacional y cerca del promedio de América Latina en el 2009 consignado por la CEPAL (17.7% del PBI). Y además recaudamos con inequidad Pero el problema del sistema tributario peruano no es solo que recauda muy poco. También es regresivo, es decir, lejos de mejorar la distribución del ingreso, la empeora, pues los pobres pagan proporcionalmente más de su ingreso en impuestos que los ricos. En efecto, según un estudio del BID, la distribución del ingreso empeora en el Perú por efecto de los impuestos. Esto se explica por el excesivo peso del IGV, que en el 2010 representó más de la mitad de la recaudación. En contraposición, según este mismo estudio, tanto el gasto público en salud como en educación resultan progresivos, es decir, mejoran la distribución del ingreso En suma, más allá de las cuestionables medidas tributarias de último momento de un gobierno que va de salida, necesitamos una reforma tributaria integral que eleve la recaudación entre 3.5% y 4% del PBI, por lo menos. Esta reforma tiene además que eliminar la regresividad del actual sistema tributario, dando más peso a los impuestos directos, sobre la renta, incluidos aquellos sobre las actividades extractivas (como la minería) y el sistema financiero. Solo así se podrá avanzar en incrementar el gasto público en educación y salud, mejorar la distribución del ingreso y las oportunidades, manteniendo las cuentas fiscales en azul, a fin de preservar la estabilidad macroeconómica conseguida con tanto esfuerzo, en especial de los más pobres.
