Por Armando Mendoza Economista Como en otras ocasiones, nuevamente las sobreganancias mineras han aparecido en la agenda pública; y, como en una trama bien ensayada, ya han surgido las voces que se pronuncian en contra de su establecimiento, alegando que no es necesario gravar las sobreganancias pues ya contamos con el Aporte Minero Voluntario (“óbolo minero”) y que, más bien, hay que extender la vigencia de dicho óbolo. Lo que olvidan los promotores del óbolo es que existe una multitud de razones para estar en contra de su continuidad, por motivos de su ineficiencia, poca transparencia e inequidad tributaria. Aquí, algunas de las razones más evidentes para pedir su liquidación: –Porque en 4 años de vigencia el óbolo ha recaudado sólo US$ 595 millones de dólares, que equivalen apenas al 8% de lo recaudado en igual periodo por el impuesto a la renta del sector minero (US$ 7,287 millones) y el 2.5% de sus utilidades declaradas. Así, el óbolo se ha ganado bien su nombre pues es –literalmente– una propina, un capillo, una “yapita”. Gracias, taita. –Porque, por toda la eficiencia y dinamismo que se prometió al dejar en manos privadas su manejo, en la práctica el óbolo se mueve con igual pachocha que la satanizada inversión pública, pues –a noviembre del 2010– apenas había ejecutado el 58% de sus recursos disponibles. Considerando que es un programa con 4 años de existencia, resulta cuestionable que en todo este tiempo apenas haya utilizado la mitad de sus fondos. –Porque ni siquiera hay reglas claras sobre quién aporta y quién no, ya que –como su nombre lo indica– es “voluntario”, siendo solo 39 las mineras participantes pero existiendo una cantidad nada despreciable de empresas que han zafado cuerpo. –Porque, como algún empresario minero ha reclamado, lo que el Perú necesita es un Estado fuerte y eficiente, que tenga presencia efectiva en todo nuestro territorio, pero eso no sucederá mientras persistamos en privatizar a rajatabla las funciones y deberes del Estado, inventando engendros como el Forsur o el óbolo. –Porque, lógicamente, las mineras orientan las inversiones del óbolo a sus zonas de operación, a fin de ganar legitimidad social. Es decir, seguimos concentrando recursos en localidades que ya reciben canon, regalías, fondos privados de la minería, etc., cuando la idea de gravar las sobreganancias es destinar lo recaudado a un fin especial, de alcance nacional; por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología. –Porque nos pone al nivel de una republiqueta bananera, un Estado fallido e incapaz de regular soberanamente la distribución de la renta de sus recursos naturales, no quedándole otra que mendigar un billetito extra. El Perú no puede aceptar esa clase de tratamiento: si queremos ser un país desarrollado, empecemos a exigir el respeto debido. -Y, finalmente, porque ya es hora de establecer un régimen tributario minero como Dios manda, con reglas claras y equitativas para todos, que regule el tratamiento de las sobreganancias, tal como se hace en otros países. Así que por estas y otras razones lo que deberíamos estar discutiendo y acordando en relación con el óbolo es su liquidación, no su extensión. Así de claro.
