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Economía

Chavimochic: empresarios piden al Ejecutivo celeridad para destrabe de obras

Congreso aprobó ley para el reinicio del proyecto. Falta agilizar documentos en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Tercera etapa del PECh traería mil millones de dólares anuales en divisas. Foto: La República
Tercera etapa del PECh traería mil millones de dólares anuales en divisas. Foto: La República

El empresariado de La Libertad exhortó al Poder Ejecutivo que acelere el proceso de firma de la adenda para el destrabe de las obras de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) porque el retraso afectaría a la población, en cuanto a dotación de agua y empleos, y también al Gobierno, que podría pagar indemnizaciones al concesionario.

Así lo manifestó a la prensa el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano Samamé, quien recordó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) solicitó al Tribunal Arbitral la ampliación de 90 días para la firma de la adenda.

medrano

“Hemos sido informados que se ha solicitado esta ampliación y, en adelante, vamos a ser firmes en exigir que las autoridades no aplacen más la firma, puesto que el Congreso ya había dado luz verde y solo era cuestión de acelerar el paso en el Midagri para luego pasarlo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Contraloría; sin embargo, no ha sucedido así, por lo que estaremos expectantes hasta que se concrete en el menor tiempo posible”, indicó Medrano.

El titular de la CCLL mencionó que existe incertidumbre, pues no se sabe si el tribunal arbitral aceptará la ampliación de plazo para el laudo. “Esperemos que el Tribunal Arbitral acepte esta ampliación y se pueda continuar con el proceso de firma de la adenda; de lo contrario, la culminación de la presa Palo Redondo será postergada por años, con lo cual el Estado perdería la inversión en una infraestructura inconclusa con altos riesgos de deterioro”, recalcó.

Medrano añadió que, de frustrarse la firma de la adenda, miles de liberteños no tendrían acceso a agua potable, se perdería la generación de más de 90.000 empleos y la incorporación de 50.000 nuevas hectáreas de áreas cultivables para la región. “Y, en el peor de los casos, el Gobierno central podría perder la demanda arbitral que involucraría además el pago de indemnizaciones al concesionario”, advirtió Alfonso Medrano.

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