
El presidente Donald Trump firmó 3 resoluciones del Congreso para bloquear el mandato de vehículos eléctricos de California. Las medidas eliminan la autoridad del estado para imponer normas más estrictas sobre emisiones y obligar a los fabricantes a vender un porcentaje creciente de autos eléctricos.
Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Trump declaró que estaba “rescatando a la industria petrolera de EE.UU. de la destrucción”, refiriéndose al plan californiano de prohibir los autos de gasolina nuevos para 2035. California y otros 11 estados que adoptaron la misma política anunciaron demandas legales contra esta decisión.
Donald Trump anuló una serie de normas que permitían a California:
El presidente afirmó: “Tenemos libertad de elección para la educación, y ahora también para los autos”. También criticó el plan del gobernador Gavin Newsom, a quien llamó “Gavin Newscum”, diciendo que “hoy estamos salvando a California y a todo el país de un desastre”.
El fiscal general de California, Rob Bonta, junto a otros 10 fiscales estatales, iniciaron acciones legales para defender la autoridad del estado bajo la Ley de Aire Limpio.
Esta permite a California imponer estándares más estrictos de contaminación, siempre que tenga la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Senadores como Adam Schiff criticaron duramente la decisión. “Del partido que una vez defendió los derechos de los estados, ahora solo queda el partido de los derechos de los contaminadores”, dijo. “Esto resultará en aire más sucio, más casos de asma y cáncer de pulmón, y ese será su legado”.
"El Presidente y el Congreso acaban de lograr una gran victoria para el pueblo estadounidense al revocar la prohibición de los automóviles a gasolina en California y el intento del estado de decirle a los consumidores qué pueden y qué no pueden conducir", dijeron en una declaración conjunta Mike Sommers y Chet Thompson.
Ellos dirigen el Instituto Americano del Petróleo y los Fabricantes Estadounidenses de Combustibles y Petroquímicos, respectivamente.
La demanda ha sido presentada junto a los fiscales generales de otros 10 estados:
Estos estados critican el uso ilegal de la ley por parte del Gobierno federal para invalidar los esfuerzos estatales en materia ambiental.
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