
Jacksonville, ciudad ubicada al norte Florida, implementó una ordenanza municipal que castiga penalmente a inmigrantes ilegales que residan sin documentos migratorios válidos. La normativa, promovida por el concejal Kevin Carrico, establece penas de hasta 60 días de prisión para los infractores y busca fortalecer la colaboración con las agencias estatales y federales en la aplicación de leyes migratorias.
El Consejo Municipal aprobó la medida con 12 votos a favor y cinco en contra, según informó el medio WUSF. Actualmente, está pendiente la firma de la alcaldesa Donna Deegan para su entrada en vigor. Una vez implementada, la normativa obligará a reportar a cualquier "extranjero no identificado” al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y a las autoridades migratorias federales. Además, elimina opciones alternativas como la libertad condicional para quienes enfrenten cargos bajo esta disposición.
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La ordenanza se suma al Código de Ordenanzas de Jacksonville, imponiendo sanciones concretas contra los inmigrantes indocumentados que ingresen o permanezcan en la ciudad sin estatus migratorio regular. Los infractores podrán enfrentar encarcelamiento en prisión local por hasta 60 días, según lo especificado en el documento oficial. Esta medida, que busca reforzar la seguridad pública, también destina US$76.250 del presupuesto municipal para adquirir 25 dispositivos portátiles de lectura de huellas dactilares.
Estos escáneres, asignados a la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO), permitirán identificar rápidamente el estatus migratorio de las personas detenidas. Sin embargo, los agentes solo podrán utilizar esta tecnología en casos donde exista una detención legal justificada, como lo destacó el concejal Nick Howland. “Esta normativa no modifica los procedimientos de arresto, pero garantiza que las leyes migratorias sean aplicadas de manera eficaz”, subrayó Howland.
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Mientras algunos concejales ven la ordenanza como un paso necesario para reforzar la seguridad, críticos argumentan que promueve la intimidación y la discriminación. Jimmy Peluso, uno de los cinco votos en contra, calificó la medida como una acción injusta que afecta a comunidades inmigrantes. “Es una mancha para nuestra ciudad y una agresión contra una gran parte de nuestra población”, declaró Peluso.
Líderes comunitarios y organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes también han alzado la voz, advirtiendo que estas políticas podrían aumentar la desconfianza hacia las autoridades locales y agravar la marginalización de ciertas comunidades.

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