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SmartLink, la aplicación utilizada por el ICE para rastrear inmigrantes indocumentados en EEUU a través de sus teléfonos

La aplicación BI SmartLink, impulsada por el ICE, monitorea a inmigrantes mediante datos de ubicación y videollamadas, desatando preocupaciones sobre la privacidad y el control migratorio en Estados Unidos.

Expertos insisten en la necesidad de establecer mecanismos de supervisión externa que regulen el uso de estos sistemas y garanticen la privacidad de los datos recopilados. Fotos: Composición GLR/CNN/ICE
Expertos insisten en la necesidad de establecer mecanismos de supervisión externa que regulen el uso de estos sistemas y garanticen la privacidad de los datos recopilados. Fotos: Composición GLR/CNN/ICE | Fotos: Composición GLR/CNN/ICE

En un contexto donde la vigilancia tecnológica gana espacio dentro de las estrategias migratorias, una aplicación ha captado la atención de expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos. La herramienta, utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ha generado un debate silencioso pero creciente sobre los límites entre control y privacidad.

El sistema, conocido como BI SmartLink, forma parte de una red digital que el Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado para rastrear a miles de personas dentro del país. A simple vista, parece una solución moderna para evitar detenciones masivas. Sin embargo, su alcance tecnológico y el uso de datos personales han levantado alertas sobre el tipo de vigilancia que se impone a los inmigrantes.

BI SmartLink: la aplicación con la que el ICE vigila a miles de inmigrantes

BI SmartLink es una aplicación móvil desarrollada por la empresa BI Incorporated, filial del conglomerado GEO Group, especializada en servicios correccionales y de seguridad privada. Esta herramienta permite a los agentes del ICE rastrear en tiempo real a los inmigrantes bajo su supervisión. Utiliza datos de ubicación a través del GPS del dispositivo, envía recordatorios de audiencias, y permite la realización de videollamadas entre los funcionarios y los supervisados.

Actualmente, más de 250.000 inmigrantes forman parte de este sistema de control digital, según información proporcionada por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), organismo afiliado a la Universidad de Syracuse. Esta cifra representa un incremento significativo con respecto a años anteriores, consolidando a BI SmartLink como una herramienta central en las políticas migratorias del gobierno estadounidense.

Uno de los elementos más controvertidos es la falta de transparencia en torno al manejo de la información recopilada. Tanto The New York Times como The Guardian han abordado el tema, subrayando los vacíos legales y las posibles implicaciones éticas de recolectar datos personales sin regulaciones claras ni mecanismos de consentimiento informado.

Tecnología al servicio de la vigilancia migratoria

BI SmartLink no solo actúa como una herramienta de localización, sino que también cumple una función simbólica: refuerza la presencia del Departamento de Seguridad Nacional en la vida cotidiana de los inmigrantes. Aunque su uso ha sido promovido como una alternativa “más humana” al encarcelamiento, varias organizaciones han manifestado su preocupación por el nivel de vigilancia al que se somete a estas personas.

La aplicación, instalada en teléfonos inteligentes proporcionados por el propio ICE o descargada en dispositivos personales, es obligatoria para quienes forman parte del programa de alternativas a la detención. Esto incluye solicitantes de asilo, personas en procesos de deportación y otros grupos migratorios. Su uso ha crecido durante la administración del presidente Joe Biden, que ha apostado por una política migratoria basada en el monitoreo remoto, en lugar de aumentar las detenciones.

La empresa responsable, BI Incorporated, ha sido objeto de investigaciones previas por su participación en sistemas de detención migratoria. Su relación directa con GEO Group, corporación que administra centros de detención privados en Estados Unidos, ha despertado cuestionamientos sobre los intereses económicos detrás de la expansión de este tipo de tecnologías.

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