Deployed Resources: de montar Lollapalooza a lucrar con contratos de detención de migrantes en EE. UU.

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias promovidas por la administración de Donald Trump, una empresa especializada en logística para eventos masivos ha dado un giro significativo en su modelo de negocio. Deployed Resources, conocida por brindar soporte a festivales como Lollapalooza y el Super Bowl, se ha convertido en un actor clave en la construcción y operación de centros de detención de migrantes en Estados Unidos.

Según una investigación de ProPublica, la compañía obtuvo un contrato de hasta 3.8 millones de dólares con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para gestionar una instalación en Fort Bliss, Texas. Este acuerdo forma parte de una estrategia federal que apuesta por el uso de bases militares y carpas reforzadas para retener a migrantes en espera de deportación.

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De festivales masivos a centros de detención: el cambio de Deployed Resources

Fundada por Richard Stapleton y Robert Napior, Deployed Resources comenzó su trayectoria ofreciendo servicios como sanitarios portátiles y estructuras temporales para grandes eventos. Entre sus clientes figuraban el festival Bonnaroo, el Super Bowl y Lollapalooza, consolidándose como una empresa de logística en festivales.

Todo cambió tras un encuentro en 2005 con un exfuncionario de FEMA, que les abrió las puertas del ecosistema de contratistas federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Desde entonces, la compañía ha incorporado a exfuncionarios gubernamentales y ha diversificado su actividad hacia la gestión de emergencias y, más recientemente, hacia la detención migratoria en EE. UU..

En los últimos años, Deployed Resources y su filial Deployed Services han recibido más de 9 millones de dólares en contratos con ICE, incluyendo un acuerdo de 5 millones de dólares para proporcionar personal de seguridad desarmado. Esta expansión empresarial es vista por muchos como parte de una nueva ola de privatización de los centros migratorios, donde firmas logísticas y de seguridad ven una oportunidad creciente en el aumento de las deportaciones y la necesidad de infraestructura temporal.

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Fort Bliss y el nuevo modelo migratorio bajo control civil

El epicentro de este modelo emergente es Fort Bliss, una base militar ubicada en El Paso, Texas, que será reutilizada para albergar hasta 5.000 migrantes en espera de ser deportados. Aunque la instalación se encuentra dentro de una base del Departamento de Defensa (DOD), la operación será exclusivamente civil, ya que las leyes estadounidenses prohíben que el personal militar participe directamente en funciones migratorias.

La infraestructura empleada será una versión reforzada de las carpas migratorias en Texas, anteriormente utilizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estas estructuras serán acondicionadas con materiales rígidos, mejorando su seguridad y funcionalidad. La operación se financiará parcialmente con fondos del DOD bajo una declaración de emergencia nacional.

Durante una reciente visita a Fort Bliss, representantes de al menos diez compañías privadas, entre ellas CoreCivic y The GEO Group, recorrieron las instalaciones junto a funcionarios del DHS, evaluando oportunidades para futuros contratos federales migratorios. Se estima que la inversión gubernamental podría alcanzar los 45 millones de dólares en los próximos años, lo que ha generado lo que algunos llaman una “fiebre de contratos” en torno a la migración.

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Las condiciones que exige ICE en sus nuevos centros para migrantes

Aunque ICE ha comenzado a trasladar detenidos a Fort Bliss, aún no está claro si las instalaciones actuales cumplen con los estándares mínimos exigidos por la agencia. Estos incluyen:

• Separación por género
• Áreas familiares designadas
• Espacios de aislamiento para personas con comportamiento violento
• Zonas privadas para reuniones legales

Además, las autoridades deben garantizar que estas instalaciones temporales respeten los derechos humanos básicos de los migrantes. La rápida expansión de este modelo de detención gestionado por empresas privadas ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, que cuestionan la eficiencia y la ética de delegar la migración a actores del sector comercial.

El caso de Deployed Resources ilustra cómo algunas empresas han adaptado sus operaciones para alinearse con las prioridades cambiantes del gobierno federal, abriendo un debate sobre el rol de las compañías privadas en la política migratoria de EE. UU.