
Desde su implementación en enero, el peaje de congestión ha generado debate en Nueva York. Con un costo de US$9 para los conductores que ingresan al sur de Central Park, la medida busca reducir el tráfico vehicular en Manhattan y financiar el deteriorado sistema de transporte público de la ciudad. Sin embargo, el gobierno federal, bajo la administración de Donald Trump, se opone a esta iniciativa.
El conflicto legal se centra en una demanda presentada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que impugna la decisión del Departamento de Transporte federal, liderado por Sean Duffy, de revocar la aprobación federal del peaje.
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El peaje de congestión de Nueva York desde se instauró el 5 de enero de 2025. La medida afecta principalmente a los conductores que ingresan a la zona sur de Central Park. Los vehículos que circulan por puentes y túneles hacia la isla también deben abonar el peaje, que fue diseñado para reducir el número de autos en una de las zonas más congestionadas de Estados Unidos.
Los defensores del peaje argumentan que esta medida no solo reducirá el tráfico, sino que también generará ingresos adicionales para mejorar el sistema de transporte público de la ciudad. La MTA enfatizó que estos fondos son esenciales para mantener y mejorar las infraestructuras de trenes, autobuses y metros. Sin embargo, los opositores critican el costo del peaje, calificándolo como una carga innecesaria para los trabajadores y pequeños empresarios de la ciudad.
La disputa legal que se libra actualmente entre el gobierno federal y las autoridades locales podría tener implicaciones significativas para el futuro del peaje de congestión. El 20 de abril fue establecido como el plazo para que el estado de Nueva York complete los trámites necesarios para el sistema de precios de congestión. Sin embargo, el secretario de Transporte federal, Sean Duffy, ha amenazado con retener los fondos federales si el estado no cumple con su orden de eliminar el peaje.
La MTA, por su parte, presentó una demanda en febrero para impugnar la revocación de la aprobación federal, alegando que la decisión de Duffy es injustificada y perjudica a los intereses de la ciudad. El futuro del peaje dependerá de los fallos judiciales que se tomen en los próximos meses, con la posibilidad de que se extienda hasta octubre o más allá, según las presentaciones judiciales previstas.

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