
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha solicitado US$6.500 millones adicionales para reforzar la frontera con México, en un contexto donde la Legislatura estatal evalúa iniciativas que impactan directamente a la comunidad latina. Estas propuestas, impulsadas por legisladores republicanos, buscan fortalecer el control estatal sobre la inmigración y alinearse con la agenda del presidente Donald Trump.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de un Departamento de Seguridad Nacional de Texas, que permitiría coordinar operativos estatales con agencias federales y locales. Además, se plantea la exigencia de prueba de ciudadanía para registrarse como votante y la eliminación de la matrícula estatal para estudiantes indocumentados en universidades y colegios públicos.
La Legislatura de Texas ha presentado varios proyectos de ley que buscan implementar un control más estricto sobre la inmigración. Uno de los más relevantes es el SB 8, que obliga a los alguaciles de los 43 condados con más de 100.000 habitantes a firmar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta medida delega facultades a la policía local para aplicar leyes migratorias, lo que podría resultar en un aumento de las detenciones y deportaciones.
Las iniciativas, que podrían convertirse en leyes en 2025, también incluyen disposiciones que refuerzan la seguridad en la frontera y restringen el acceso de inmigrantes indocumentados a servicios financiados por el Estado. Estas propuestas han generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten sobre el impacto negativo que podrían tener en la comunidad latina.
Otra propuesta significativa es la HB 2566, que permite a los agentes del orden verificar el estatus migratorio de cualquier persona detenida y exigir documentos de ciudadanía en un plazo de 48 horas. Esta medida ha suscitado críticas por su potencial para fomentar la discriminación y el perfilamiento racial, afectando desproporcionadamente a la comunidad latina.
Además de las medidas de seguridad, se han presentado al menos cuatro proyectos para eliminar la matrícula estatal para estudiantes sin estatus migratorio en instituciones de educación superior. Esta acción limitaría las oportunidades educativas para muchos jóvenes latinos, quienes ya enfrentan barreras significativas en su acceso a la educación.
Varios legisladores también están impulsando la exigencia de prueba de ciudadanía para acceder a beneficios sociales financiados con fondos estatales. Esta medida podría dificultar el acceso a servicios esenciales para muchos inmigrantes y sus familias, exacerbando la desigualdad social en el estado.
La propuesta de ley HB 304 establece que las licencias de conducir o documentos de identidad estatales indiquen si el portador es ciudadano estadounidense. Esta medida podría generar estigmatización y discriminación hacia aquellos que no posean la ciudadanía, afectando su movilidad y acceso a servicios básicos.
Las iniciativas legislativas en Texas reflejan un enfoque cada vez más restrictivo hacia la inmigración, lo que podría tener consecuencias duraderas para la comunidad latina en el estado. A medida que se acercan las elecciones de 2025, el debate sobre estas propuestas se intensificará, y la comunidad deberá estar atenta a los desarrollos que puedan afectar sus derechos y oportunidades.

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