Agencias

El gobierno de Lula pierde nuevo round ante la desinformación


Una avalancha de desinformación obligó al gobierno de Brasil esta semana a emprender la retirada sobre una nueva medida económica, evidencia de sus dificultades en el terreno digital y la destreza de la oposición para controlar la narrativa en redes sociales.

La crisis se centró en el popular PIX, una plataforma digital de micropagos usada decenas de millones de veces al día por los brasileños para todo tipo de transacciones, desde pagar facturas a dar limosnas.

Todo comenzó a inicios de año con la entrada en vigor de nuevas reglas por la autoridad tributaria: el PIX estaría entre las instituciones financieras que, como ya es el caso para los bancos tradicionales, verían sus transacciones monitoreadas. El objetivo: combatir la evasión de impuestos.

En cuestión de días el anuncio generó una tormenta de dudas y noticias falsas que pretendían que las transferencias vía PIX serían gravadas. Frente a la avalancha, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se vio obligado a derogar la medida el miércoles.

"La mentira nunca tuvo piernas tan largas como ahora", resumió el viernes el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, en entrevista con CNN.

- "Gran mal de la humanidad" -

La oposición de derecha, incluyendo la familia del expresidente Jair Bolsonaro, se montó en la ola, afirmando que los pobres serían los mayores afectados.

Pero Nikolas Ferreira, un diputado federal del campo bolsonarista, fue el que mejor capitalizó la polémica.

En un video reproducido más de 300 millones de veces, esta estrella de las redes sociales, de 28 años, reconoce que el PIX "no será gravado", antes de agregar: "Pero no dudo que pueda llegar a serlo".

"El gobierno Lula monitoreará tus gastos. (...) Los más afectados serán los trabajadores informales que ya viven con lo justo, que ahora serán monitoreados como si fuesen grandes evasores de impuestos", agregó.

El gobierno contraatacó, con desmentidos de la autoridad tributaria y el ministro Haddad. El propio Lula publicó un video en el que hace un pago vía PIX al Corinthians, el endeudado equipo de sus amores.

Pero el daño estaba hecho.

El gobierno no solo revocó la medida sino que prohibió el jueves cualquier impuesto al PIX.

"¿Si era fake (falso), entonces, por qué lo revocaron?", insistió Nikolas Ferreira en X.

La desinformación es "un gran mal de la humanidad" y "puede causar daños graves", alertó el martes el nuevo ministro de Comunicación Social, Sidonio Palmeira.

La designación del estratega de la victoria electoral de Lula en 2022 es vista como una apuesta a reforzar la comunicación del gobierno en las redes sociales, donde ha sufrido varias derrotas, con un enfoque en la lucha contra las noticias falsas.

Según un sondeo de la consultora Quaest, publicado el viernes, un 67% de la población cree que el PIX sí será gravado.

- "Avidez" -

Para el director técnico de la consultora Bites, André Eler, el gobierno tuvo que reconocer que "no sería posible revertir la magnitud del daño causado por esa comunicación mal hecha".

"Está poco informado de lo que pasa en las redes sociales y tardó mucho en reaccionar", afirmó. Eso permitió a la oposición explotar "el miedo de la población" de que este es un "gobierno que gusta de cobrar impuestos".

Breno Lima Moreira, un investigador del Banco Central, dijo a la AFP que si inicialmente la desinformación en Brasil se enfocaba en la política, la economía fue el ramo en el "que más creció" en los últimos años.

El gobierno de Lula enfrenta una deuda pública creciente y el real se depreció frente al dólar a niveles récord, impulsado por las preocupaciones por el crecimiento del gasto público.

"El gobierno Lula sostuvo parte del aumento del gasto público con una inusitada avidez de recolectar impuestos", apuntó el diario O Globo en un editorial.

"En un país con una de las cargas impositivas más altas del mundo, la noticia falsa sobre un nuevo impuesto rápidamente gana credibilidad", añadió.

La crisis de 'fake news' ocurre mientras el gobierno brasileño libra una disputa con el gigante de las redes sociales Meta por la flexibilización de sus controles sobre la desinformación en sus plataformas como Instagram y Facebook.

El año pasado, la corte suprema bloqueó durante 40 días a la red social X, del multimillonario Elon Musk, por desobedecer órdenes judiciales relacionadas con el combate a las noticias falsas.

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