Desarticulan red de tráfico de moluscos entre Portugal, España y Francia
Una operación coordinada por Europol permitió la incautación de 30 toneladas de moluscos pescados en zonas prohibidas por su alta contaminación en la que se detuvo a 62 personas en Portugal, Francia y España, anunciaron este jueves las autoridades implicadas.
El dispositivo permitió también intervenir seis toneladas de angulas -crías de anguila- pescadas ilegalmente, según precisaron estas fuentes, que estimaron que el valor total de la mercancía podría ser de unos 10 millones de euros (alrededor de 10,4 millones de dólares) en el mercado negro.
Las "organizaciones criminales" implicadas en este tráfico trabajaban principalmente con mariscadores furtivos procedentes de "países asiáticos", que vendían los moluscos "a solo un euro por kilo", indicó Europol en un comunicado.
"Los moluscos incautados provenían de zonas de pesca restringida y prohibida debido a las altas concentraciones de contaminantes", que podrían provocar "intoxicaciones alimentarias". Estas podrían derivar, a su vez, en "enfermedades graves como la hepatitis", precisó la Guardia Civil española en otra nota.
Según Europol, estas organizaciones pescaban principalmente almejas japonesas -muy apreciadas por los consumidores, especialmente durante las fiestas de Navidad- y cuya documentación se falsificaba para presentarlas como "aptas para el consumo humano".
"La gran mayoría de almejas procedían del estuario del Tajo", un río que atraviesa España y Portugal antes de desembocar en el océano Atlántico, precisó a la AFP el teniente coronel Ricardo Alves, jefe de la división de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente de la policía portuguesa.
"Los jefes de la red son de nacionalidad portuguesa", agregó.
Ocho de las detenciones se realizaron en Portugal, indicó. Otras 19 personas fueron arrestadas en España, donde se encontraban "la mayoría de las empresas destinatarias" del tráfico, precisó en su comunicado la Guardia Civil española.
Los moluscos potencialmente contaminados "eran vendidos directamente a los establecimientos hosteleros", sin realizar los "procesos de depuración exigidos", con lo que "reducían costes y obtenían mayores beneficios", agregaron.
Las autoridades precisan en sus comunicados que la operación se extendió igualmente para investigar posibles hechos "tráfico de seres humanos y explotación laboral".
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