Fiscalía investiga a ex altos mandos de la PNP por presunta tortura durante las protestas contra Dina Boluarte

El Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), formalizó la investigación preliminar contra altos mandos de la Policía Nacional (PNP) por la presunta comisión del delito de tortura en agravio de 24 ciudadanos. Los hechos habrían ocurrido en la región Apurímac durante las manifestaciones sociales que se registraron el 9 de febrero de 2023.

De acuerdo con la fiscal provincial Elizabeth Quispe, las víctimas habrían sido detenidas en el contexto de las protestas y sometidas a actos que vulneraron su integridad física y psicológica. Según el Ministerio Público, existen indicios suficientes para presumir la responsabilidad penal de los efectivos que ejercían funciones de mando durante los operativos.

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Los investigados son el excomandante general de la PNP Raúl Alfaro Alvarado, el exteniente general PNP Jorge Angulo Tejada, el jefe de la región policial Apurímac Jesús Flores Solís, los jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, Victor Sifuentes Yañez y Rodolfo Porfirio Díaz; al igual que los agentes José Calatayud Chávez, Rolando Taracaya Ccañihua, David Chapa Aquino, Joel Cabrera Paredes y Nobel Inca Andia.

Asimismo, Quispe sostiene que durante la intervención policial del km 720 del sector Siete Vueltas en Aymaraes, Apurímac se cometieron graves violaciones a derechos humanos en el que los ciudadanos estuvieron atados por horas. Por su parte, diversas organizaciones de derechos humanos han exigido al Estado que garantice la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas.

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Fiscalía formalizó 18 investigaciones por muertes y lesiones durante protestas contra presidenta

Cabe recordar que el pasado, la Fiscalía de la Nación ya había formalizado 18 investigaciones preparatorias que involucraron a 154 miembros de la Policía Nacional y del Ejército del Perú. Estas personas fueron acusadas de haber causado la muerte y lesiones a 267 ciudadanos durante las protestas sociales realizadas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte. Las investigaciones abarcaron varias regiones del país, como Ayacucho, Puno, Cusco, Apurímac, Lima, Selva Central, Ucayali, Arequipa y La Libertad, lo que evidenció la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese contexto.

En Ayacucho, por ejemplo, se formalizó investigación contra 27 integrantes del Ejército Peruano, vinculados a los hechos ocurridos el 15 y 16 de diciembre de 2022 cerca del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte, en Huamanga, que dejaron 55 personas afectadas. Entre los acusados figuraban Jesús Vera Ipenza, entonces comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho; Jimmy Alex Vengoa Bellota, teniente coronel del EP; Carlos Vega Pérez, coronel del EP; y Antero Rosendo Mejía Escajadillo, jefe de la Macrorregión Policial de Ayacucho, entre otros.

En Puno, por su parte, se formalizaron tres investigaciones contra 24 efectivos de la Policía Nacional por la muerte de Salomón Valenzuela Chua y Sonia Aguilar Quispe en Macusani, el 18 de enero de 2023. Además, se investigó a 19 miembros del Ejército y la Policía por la muerte de 18 personas y las lesiones de 108 en el aeropuerto Inca Manco Cápac. Un caso adicional involucró a tres policías por hechos registrados en la avenida Independencia, en Juliaca.

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