Edwin Martínez lanza polémico comentario: "La mamá tiene la obligación, si no tiene para comprar el alimento, al menos en cocinar"

El congresista Edwin Martínez, integrante de la bancada de Acción Popular, emitió declaraciones polémicas durante la interpelación a Leslie Urteaga, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por intoxicaciones del programa Wasi Mikuna en Lima, Piura y Amazonas.

En su intervención, Martínez responsabilizó exclusivamente a las madres de familia por la alimentación de sus hijos, afirmando que “al menos deberían participar en cocinar” si no cuentan con recursos económicos para comprar alimentos, en alusión a los productos distribuidos por los programas sociales del Estado.

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"Deberían hacer un programa participativo como antes. Compren productos frescos, venidos de la chacra, leches, verduras, carnes, y las mamás que cocinen como cocinaban antes. Nos estamos acostumbrando a darlo todo y eso está mal. La mamá tiene la obligación, si no tiene para comprar el alimento a sus hijos, al menos participar en cocinar y eso lo hacen progresivamente", declaró Martínez.

Cabe recordar que incluso Urteaga en una oportunidad generó críticas al sugerir que los escolares intoxicados tras consumir alimentos del programa Wasi Mikuy podrían tener parte de responsabilidad, al no tener las manos limpias al momento de comer, en lugar de asumir una postura clara frente a posibles fallas del programa. "Tenemos que estar muy atentos a que nuestros niños estén con las manos limpias, a que quien sirve la comida esté cumpliendo con todos los mecanismos de higiene”, declaró.

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Leslie Urteaga y las investigaciones por su gestión en el Ministerio de Cultura

Leslie Urteaga, actual ministra del Midis, está siendo investigada por presuntos actos de corrupción ocurridos durante su paso por el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2019. Según la Fiscalía, Urteaga habría coordinado con otros funcionarios la adquisición irregular de 1.500 hitos de concreto que no cumplían con los requisitos técnicos, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/ 27.075.

En su calidad de directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble, se le acusa de haber encargado de forma verbal a Hugo Zenón Infantes Quispe la recepción de los hitos sin especificaciones técnicas ni coordinación con la Dirección de Catastro, responsable de supervisar los aspectos técnicos del proceso.

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Además, la Fiscalía sostiene que Urteaga aprobó la recepción de los materiales pese a que esta se realizó con un retraso de 29 días, lo que generó una penalidad adicional de S/ 1.425. La investigación también cuestiona la participación de José Suárez Romero, un supuesto proveedor de más de 80 años que aparece como contratista en los documentos, aunque en la dirección registrada de su empresa no existe ninguna oficina comercial ni reside allí.