“La Pachamama nos dio justicia”: Jueces absuelven a defensores de Cotabambas tras una década de persecución por protestas
La Corte Superior en Apurímac declaró inocentes a líderes comunales acusados por protestar contra la empresa minera MMG Las Bambas en 2015, cerrando un caso emblemático de criminalización en conflictos ambientales.
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Diez años después, los once defensores ambientales de Cotabambas escucharon el fallo que tanto esperaron: inocentes. El 22 de abril, Día de la Tierra, la Corte Superior de Justicia de Apurímac declaró fundada la apelación y anuló la sentencia que los condenaba por protestar contra el megaproyecto minero Las Bambas. Para muchos, la fecha no fue coincidencia: la tierra que defendieron con su vida y su libertad, por fin, habló a su favor.
En 2015, cuando estalló la protesta en las alturas de Apurímac, no imaginaban que aquello marcaría su destino durante la próxima década. Denunciaban la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas que se realizó sin consulta previa a las comunidades. Se organizaron, alzaron la voz y marcharon pacíficamente.
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La respuesta del Estado fue una represión feroz que dejó tres comuneros muertos, decenas de heridos y más de 300 denunciados. De ellos, 37 llegaron a juicio. Y once fueron sentenciados en primera instancia, en 2024, a penas de entre 8 y 9 años de prisión, además del pago de una reparación civil de 50,000 soles a favor del Estado peruano y 88,600 dólares a favor de la empresa MMG Las Bambas SAC.
El peso de la criminalización
Proyecto minero Las Bambas
Lisbeth Abarca Peña, docente de inicial y lideresa comunal, enfrentaba una condena de nueve años. Hoy, en diálogo con La República, recordó ese largo camino de angustia y resistencia. “Ha sido un calvario. En más de una ocasión se me cerraron puertas laborales, me sentí discriminada. La sentencia me afectó personal y emocionalmente. Pensar en dejar sola a mi madre de 83 años… me rompía el alma. Pero ayer, la Pachamama nos dio justicia”.
Ella no fue la única en cargar con ese peso. Ronald Bello Abarca, contador y expresidente del Frente de Defensa de Tambobamba, también vivió la persecución judicial con sus tres hijos pequeños, su esposa y sus padres octogenarios. “Nuestro error fue preguntar por qué se modificó el Estudio de Impacto Ambiental sin consulta. Por eso nos tildaron de antimineros, de terroristas. Solo por ejercer un derecho legítimo”.
Los procesos judiciales no solo los alejaron de sus familias y trabajos, sino también de sus comunidades. “No todos nos quieren y no todos nos odian”, resaltó Lisbeth. La polarización social que generó el conflicto minero aún se siente en los pueblos altoandinos, donde el desarrollo prometido nunca llegó y donde la desconfianza crece cuando las voces disidentes son acalladas con denuncias.
Justicia tardía, heridas abiertas
El fallo de inocencia representa un respiro, pero no borra el sufrimiento. Maximiliano Huachaca Mamani, docente rural y agricultor, también fue absuelto tras años de lucha. “Perdí días de trabajo para defenderme, mis hijos y mi madre en silla de ruedas sufrieron conmigo. No somos antimineros, pero sí exigimos respeto y responsabilidad a nuestra Pachamama”, señaló.
La absolución no alcanzó para aliviar toda la tristeza. Ronald recordó a los tres comuneros que murieron en 2015, y a otro más en 2016, cuyos casos siguen sin esclarecerse. “Esos hermanos no están aquí para celebrar. Sus muertes siguen impunes, y las heridas abiertas”. Además, informó que recientemente varios comuneros que viajaban a acompañarlos en la audiencia sufrieron un accidente de tránsito y se encuentran graves, por lo que la alegría por la justicia se mezcla con la tristeza por ellos.
Un futuro por reconstruir
El proyecto minero afecta el hábitat de las comunidades de Cotabambas
Tras la absolución, lo que sigue es intentar recomponer las vidas interrumpidas. “Las cicatrices siempre quedarán”, anotó Lisbeth. Pero también queda la certeza de que su lucha no fue en vano. “Gracias a Dios y a los magistrados, se hizo justicia. Hoy tengo paz para seguir viviendo y hacer algo todavía por nuestra tierra”.
En Cotabambas, la historia de los once defensores ambientales es ya símbolo de resistencia. Un recordatorio de que protestar no es un delito, y de que defender la tierra es también defender la vida. Según los dirigentes, ahora que la justicia habló, le toca al Estado y a las empresas escuchar.
“Esperamos que las empresas extractivas transnacionales tomen conciencia para preservar el medio ambiente y que respeten a la población, que haya una consulta previa verdadera para cualquier cambio en los impactos ambientales. Queremos un verdadero compromiso”, finalizó Maximiliano.
Las Bambas: un histórico fallo que sienta un precedente
La decisión de la Corte Superior de Justicia de Apurímac no solo representa una victoria para los defensores, sino que también establece un precedente en la lucha contra la criminalización de la protesta social en el Perú. Según David Velazco, director de Fedepaz y representante legal de los acusados, el proceso, que se extendió por más de una década, estuvo marcado por inconsistencias y falta de pruebas.
El abogado explicó que durante el juicio no se acreditó la existencia de pruebas que vincularan directamente a los imputados con los delitos que se les atribuían. Además, señaló que la sentencia inicial se basó en hechos que no formaban parte de la acusación formal.
