Las dos caras del conflicto minero Las Bambas

La continuidad de las operaciones, en el yacimiento de cobre Las Bambas, está en riesgo. MMG, la compañía que explota esta mina en la región Apurímac, anunció la suspensión de sus actividades debido a los bloqueos en el corredor minero. Hace tres semanas no moviliza el mineral al puerto Matarani para embarcarlo al Asia. Tampoco se abastece de insumos que demandan los procesos de producción.

Los pobladores de Hatun Collana, comunidad ubicada en el distrito de Velille de la región Cusco, bloquearon la vía. Tomaron posesión de la misma con el asentamiento de las chozas de paja.

Hatun Collana es una de las más de 40 comunidades asentadas a lo largo del corredor minero que atraviesa las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.

Se encuentra a 3 800 metros sobre el nivel del mar. Llegar ahí demanda casi ocho horas desde la ciudad del Cusco. Desde Velille, ingresamos al corredor minero que, por estos días, se muestra sin tráfico. Al costado de la vía, recorre el río Velille y, por todo el trayecto, pastorean vacas, ovejas y caballos. A 20 minutos una primera choza alerta del bloqueo.

Son decenas de estas construcciones precarias que se colocaron en medio de la vía. Casi al llegar al puente Paracaylla, un grupo de pobladores está apostado. Nos recibe con arengas. “Que se vaya la mina”, repiten una y otra vez.

“Estas son nuestras tierras de nuestras chacras”, dicen. Se quejan de la contaminación provocada por el polvo que levantan los encapsulados a su paso. Dicen que afecta a su ganado y también a su salud. “No queremos que vengan por acá, que se vayan por donde quieran”, cuenta Augusta Mendoza. Se estima que a diario transitan decenas de encapsulados por el corredor minero.

Esta comunidad originaria exige ser considerada como área de influencia directa ambiental y social por los impactos que causan el paso de los carros que llevan el concentrado de cobre, cisternas con combustible, camionetas y transportadores de insumos.

Según Huamaní, la carretera nacional fue abierta abruptamente y sin consulta previa. “Estas tierras no eran vía. Nos arrebataron nuestra propiedad. Un día llegaron con sus maquinarias sin licencia alguna”, recordó el vocero.

El dirigente resalta que la protesta es recurrente. La minera incumple sus compromisos. Dijo que el último acuerdo fue que serían parte de la tercera modificatoria de impacto ambiental. Pero nada, por eso las protestas se reavivan una y otra vez.

En la comunidad de Cruzpampa del distrito de Ccapacmarca también hay bloqueo. Los comuneros aspiran a convertirse en proveedores de Las Bambas con transporte de encapsulados, camionetas y mantenimiento de la carretera. La minera no admite esos planteamientos.

Afectación

Entre tanto, el corredor minero ya tiene 20 días de bloqueos. La minera anunció que, si para la quincena el problema social no se soluciona, corren el riesgo de paralizar sus actividades por falta de insumos. Ese escenario resulta nefasto para la región de Apurímac que percibe regalías de la explotación del mineral.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Las Bambas aporta el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Además, es responsable del 16% de las exportaciones del cobre peruano. La paralización de sus operaciones generaría pérdidas de 9.5 millones de dólares diarios.

El gobernador de Apurímac Baltazar Lantarón pidió declarar en emergencia el corredor minero y se restablezca el orden. Asegura que cada día de bloqueo significa 1.5 millones de soles de pérdida en regalías contractuales.

Otro sector angustiado son los trabajadores. El secretario del sindicato de Las Bambas, Erick Ramos, sostuvo que son nueve mil personas que dependen laboralmente de la minera. Corren el riesgo de quedarse sin trabajo. Para este lunes se alista una marcha nacional para que el conflicto social en Chumbivilcas cese.

No hay presencia del Estado

La representante de la Defensoría del Pueblo, Rosa Santa Cruz dice que no hay varita mágica para resolver los conflictos sociales. Empero, en la mayoría predomina la intervención tardía e inoportuna del Estado. Sobre Chumbivilcas, la Defensoría tiene registrados múltiples demandas. Por ejemplo, impactos medio ambientales que generan el paso de encapsulados.

Santa Cruz pide fiscalizar más, no solo se debe promover de inversiones. Los acuerdos que se asumen no son sostenibles y el incumplimiento de compromisos motiva que los conflictos sean permanentes.

Para la Defensoría, todos los actores involucrados, las comunidades, representantes del gobierno y de las mineras, deben esforzarse por lograr consensos y que la actividad se dé en una convivencia armónica. Santa Cruz dijo también que se detectó que hay mucha ausencia del Estado y que a veces, la responsabilidad de esa ausencia se distorsiona y se responsabiliza a la actividad minera o la inversión contra la que se protesta.