Organizaciones indígenas se pronuncian contra ley anti ONG: "Atropella los derechos de los pueblos"

El Congreso aprobó con 81 votos a favor y solo 16 en contra una ley que restringe el financiamiento y las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG). La norma, promovida por el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, quien enfrenta un proceso judicial por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, impacta directamente en los pueblos indígenas. Estas comunidades reciben asistencia legal gratuita de ONG internacionales en procesos contra el Estado peruano.

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Organizaciones Indígenas se pronuncian contra ley anti-ONG

Numerosas organizaciones han expresado su rechazo a la llamada ley anti-ONG, argumentando que esta medida afecta los derechos de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. El 14 de marzo, enviaron un oficio al Ejecutivo con una serie de observaciones sobre la normativa. En caso de que no haya una respuesta por parte del gobierno en los próximos días, anunciaron que se declararán en movilización permanente y organizarán marchas a nivel nacional.

Danitza Quispe, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), pidió al Ejecutivo que observe la normativa que el Congreso aprobó y no garantiza el proceso de la consulta previa. “Sentimos que no hay justicia en el país, es un atropello, no es que estamos siendo un obstáculo, nuestro horizonte es defender los derechos de los pueblos originarios. Quienes nos han apoyado son las cooperaciones internacionales”, precisó.

Por su parte, Lourdes Huanca de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), se refirió a los casos de esterilizaciones forzadas que se encuentran en procesos judiciales, indicando que podrían quedar impunes tras la aprobación de dicha autógrafa. De igual manera, sucedería con los procesos de las víctimas durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, quienes se encuentran recibiendo asesoría legal de instituciones de otros países.

"Este Gobierno es despreciable, que no comprende que tenemos derechos y somos ciudadanos de a pie", añadió.

Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) aseguró que esta normativa deja desprotegidos a los pueblos indígenas, ya que no se podrá usar los fondos de la cooperación internacional para contratar abogados que puedan defenderlos ante los atropellos de derechos por parte del Estado.

Finalmente, la abogada Rocío Trujillo de Aidesep, mencionó que con la promulgación de la ley 27692, conocida como ley anti-ONG, corre el riesgo de que las víctimas del caso Saweto queden desprotegidas. En dicho caso, líderes indígenas perdieron la vida por defender sus tierras.

"Tras haber transcurrido 10 años, el Estado sigue incumpliendo el plan de acción Saweto. Entonces esta norma (ley anti-ONG) lo que dice es que no se podría dar asistencia técnica", reveló.

Cabe recordar que, el dictamen también propone que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tenga la facultad de supervisar y denunciar a las organizaciones ante el Ministerio Público, con la posibilidad de imponer sanciones que incluyen multas, suspensión o incluso la cancelación de sus operaciones. Durante la votación en el Pleno, la propuesta recibió el respaldo de varias bancadas, entre ellas Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. Por otro lado, fueron las agrupaciones Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular las que se opusieron a la iniciativa.