Congreso: Acción Popular y Somos Perú buscan cambiar reglas electorales del 2026

Se acercan dos reformas exprés con un objetivo claro: las Elecciones Generales y Regionales de 2026. Las bancadas de Somos Perú y Acción Popular han sido las primeras en presentar sus propuestas, argumentando que beneficiarán al sistema de partidos nacional. Luis Cordero Jon Tay, congresista de la primera bancada mencionada, ha presentado un proyecto de ley para restablecer la reelección de alcaldes y gobernadores. Por su parte, Wilson Soto, representante del partido de la lampa, busca elevar el número de firmas requeridas para la inscripción de un partido político al 10% de los adherentes, con miras a los próximos comicios.

Pese a los argumentos de ambos congresistas, distintos especialistas señalan que estos cambios a las reglas electorales están lejos de ser una "panacea" para la debilitada democracia nacional. Consultados por La República, expertos han identificado varias observaciones a estas medidas.

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Somos Perú y una contrarreforma para las regiones

Cordero Jon Tay ha retomado una propuesta previamente presentada por Alianza para el Progreso y luego retirada, que busca permitir la reelección de alcaldes y gobernadores en las elecciones regionales de 2026. La iniciativa plantea modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución, sin alterar el artículo 35, que afecta directamente a los movimientos políticos regionales.

El proyecto establece que el gobernador regional, junto con un vicegobernador, así como los alcaldes y regidores, serán elegidos por voto directo para un periodo de cuatro años. De manera excepcional, podrán postularse para una reelección inmediata por un solo período adicional, con la posibilidad de ser revocados según lo estipule la ley.

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El documento argumenta que esta medida incentivaría una mejor gestión, ya que la continuidad de los funcionarios dependería del respaldo ciudadano. Asimismo, permitiría consolidar carreras políticas más estables y profesionalizadas, atrayendo a personas con mayor preparación y vocación de servicio público. No obstante, algunos especialistas advierten que esto no solucionaría automáticamente los problemas estructurales de la política.

Katherine Zegarra, politóloga de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló: "Es cierto que la posibilidad de reelegirse genera incentivos para que las autoridades tengan un buen desempeño y sean premiadas con el voto. En ese sentido, la reelección es beneficiosa. Sin embargo, esto no significa que todas las autoridades actuarán responsablemente. Lamentablemente, se ha observado el uso de fondos públicos o de actividades populistas para ganar apoyo. Por ende, esta modificación legislativa no garantizará la aparición de buenos políticos", señaló.

Acción Popular y una nueva barrera electoral

El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, ha presentado un proyecto de ley para modificar la Ley de Organizaciones Políticas. La propuesta busca que la inscripción de un partido en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE requiera firmas de al menos el 10% de los votantes de las últimas elecciones nacionales. Cada firma deberá incluir el número de DNI del firmante, y los partidos contarán con un plazo de dos años, desde la obtención de los formularios oficiales, para recolectarlas y presentar su solicitud. Además, en caso de fraude en la recolección de firmas, la responsabilidad penal recaerá tanto en la persona designada por el partido en su estatuto como en quien haya estado a cargo del proceso.

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Sin embargo, lejos de fortalecer la institucionalidad del sistema de partidos, especialistas consideran que esta medida representa una barrera burocrática para las organizaciones políticas. Jorge Jaúregui, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) especializado en derecho electoral, criticó la propuesta: "Este requisito es absurdo, pues el adherente es una persona que firma sin estar afiliada, lo que resulta irrelevante para la vida del partido. Elevar el porcentaje al 10% significa establecer un obstáculo que impida la entrada de nuevos partidos. Es incoherente que un requisito tan absurdo, que no fue considerado en la reforma liderada por Fernando Tuesta, termine generando más barreras", compartió.

Del mismo modo, Jorge Naupari, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y especialista en derecho electoral, señaló que otra observación crítica a la medida radica en que los firmantes no tendrían una relación real con el partido: "Es una figura inoficiosa que se convierte en una barrera burocrática e injustificada. Hay que recordar que los adherentes no mantienen ningún vínculo con la organización política que buscan inscribir. Tanto es así que mi firma podría ser utilizada para otro partido político sin que ello tenga consecuencia alguna", indicó.

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