67 congresistas en la Fiscalía: juntos acumulan 729 delitos
Investigados. En el Ministerio Público también se encuentran actuales parlamentarios, pero no para legislar. Deben responder por denuncias de corrupción, recorte de sueldos, contrataciones fantasmas, confabulaciones, entre otras. Diecisiete de ellos están siendo indagados por lavado de activos, contenciosos administrativos y delitos contra la tranquilidad pública; y nueve tienen sentencias con restricciones.
El Congreso de la República es uno de los poderes del Estado más cuestionados en los últimos años. En la actualidad, la representación nacional no tiene prestigio, credibilidad ni transparencia.
Pero eso no es todo. Más de allá de las denuncias de corrupción por recorte de sueldo a sus trabajadores, contrataciones fantasmas, negociaciones ilícitas y confabulaciones en la Fiscalía; los integrantes del Parlamento también tienen un pasado ‘oscuro’ que se plasma en un rosario de denuncias e investigaciones.
La República envió una solicitud de acceso a la información pública por transparencia del Ministerio Público para saber la situación legal de los 130 parlamentarios del periodo 2021-2026.
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El pedido incluyó el estado de las denuncias y que los delitos en los cuales estarían inmersos los padres de la patria sean especificados a través de carpetas fiscales.
Bajo esos parámetros, la Fiscalía respondió que un total 67 legisladores acumulan 729 delitos.
De ese universo, se detalló que 50 son investigados contra la administración pública, contra la fe pública y contra el patrimonio; y 17 están inmersos en delitos de lavado de activos, contencioso administrativo, contra la tranquilidad pública, entre otros.
En tanto, nueve representantes tienen una sentencia por parte del Poder Judicial.
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Congresistas con más casos fiscales
La República revisó cada carpeta fiscal que procesó el Ministerio Público con base en la información de su sistema.
Al analizar toda la información, se comprobó que el congresista Luis Picón Quedo, natural de Huánuco, es el legislador con más denuncias.
En la revisión exhaustiva de documentos se determinó que el integrante de la bancada de Podemos Perú registra 136 delitos que se reparten en 78 carpetas fiscales.
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Este medio constató, además, que los casos son contra la administración pública en la modalidad de corrupción, tráfico de influencias y abuso de autoridad; así como el delito contra fe pública, en el cobro de cheques sin fondo y falsificación de documentos.
Los antecedentes contra Picón se iniciaron desde 2001, pero obtuvo más denuncias en el 2010, cuando se desempeñó como gobernador regional de Huánuco.
Le sigue Raúl Huamán, de Fuerza Popular, con 36 delitos adjuntados en 20 carpetas fiscales. El parlamentario, natural de Ica, presenta antecedentes penales por corrupción desde el año 2002.
En el 2021 también se le abre un proceso por marcaje y banda criminal; además, en el 2023 tiene un proceso en etapa de formalización por alimentos.
De igual forma se encuentra Edwin Martínez Talavera (no agrupado), quien aparece con 10 carpetas fiscales y con 21 delitos. Su mayor número de investigaciones por corrupción se establecieron, entre el periodo 2015 y 2018, cuando se desempeñó como alcalde del distrito arequipeño de Mariano Melgar .
Desde la bancada de Somos Perú, está José Pazo, natural de Piura, quien desde el 2011 acumula 9 carpeta fiscales y más de 10 delitos. Su mayor número de denuncias se dio en el tiempo que se desempeñó como alcalde de Sechura, en la región de Piura.
Eduardo Salhuana, de la bancada de Alianza para el Progreso, es otro de los parlamentarios bajo lupa de la Fiscalía desde el año 2015 y 2016, fecha en que empezó a laborar como gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios.
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El sistema del Ministerio Público recoge que el apepista reporta 7 carpetas fiscales y se encuentra involucrado en más de 10 delitos, como lavado de activos, abuso de autoridad, peculado de uso, entre otros.
Otro caso que no pasó desapercibido es la situación legal del presidente del Congreso, Alejandro Soto. El titular de la Mesa Directiva tiene 5 carpetas fiscales que lo involucran en 10 delitos, como corrupción y falsificación de domicilio en Cusco.
A ello se le suman las investigaciones que se le abrieron por el caso Fábrica de Trolls y por sus vínculos en negociaciones con Patricia Benavides, por lo cual solicitó 70.000 soles del Congreso para su derecho de defensa.
La República intentó dialogar con el presidente del Parlamento; sin embargo, a través de su asesor Eduardo Quesada mencionó que no tiene investigaciones en Cusco.
Más congresistas investigados
La lista de congresistas con antecedentes en corrupción continúa. Williams Zapata (Avanza País) fue investigado por secuestro en el 2009, Luis Kamiche (Cambio Democrático) fue procesado por violencia contra la mujer en el 2021.
Óscar Zea (Bloque Magisterial) y Juan Mori (no agrupado) estuvieron denunciados e investigados por homicidio. En esa línea, Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Luna Gálvez (Podemos) se vieron expuestos en el delito de tráfico de influencias.
En Fuerza Popular casi nadie se salva en indagaciones de corrupción. En la lista están Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Nilza Chacón, Mery Infantes, David Jiménez, Jorge Morante Figari, Auristela Obando y Ernesto Bustamante.
Un mismo panorama se refleja en Perú Libre. Entre ellos destacan María Taipe, Flavio Cruz, Margot Palacios, Segundo Montalvo, Américo Gonza, María Aguero, Kelly Portalatino y Wilson Quispe.
En Avanza País no podía faltar Patricia Chirinos, quien tiene una nueva investigación por sus vínculos con Patricia Benavides. Se le suman Norma Yarrow, Rosselli Amuruz, Diana Gonzales y María Córdova Lobatón.
En Podemos Perú, aparte de Luna, se encuentran Zeballos Madariaga y José Elías; mientras que en Bloque Magisterial encabezan Óscar Zea, Segundo Quiroz, Lucinda Vásquez y Alex Paredes.
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Este medio se trató de comunicar con los congresistas involucrados en investigaciones; sin embargo, no obtuvo respuesta.
Sentenciados se pronuncian
La República se comunicó con los congresistas que cuentan con sentencias, para tener mayor detalle sobre el estado de las mismas.
En el caso del exministro y congresista Roberto Sánchez, de Cambio Democrático–JPP, quien fue denunciado en la Fiscalía de Huaura por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, la sentencia lo absolvió de los cargos.
Sánchez señaló que al obtener una sentencia absolutoria y el estado del proceso es archivado, sobreseído.
Por otra parte, el congresista no agrupado Edwin Martínez, quien cuenta con dos procesos, uno por abuso de autoridad y otro por manejar bajo los efectos del alcohol, solo recibió una advertencia.
“No fui condenado en ninguno de los dos procesos, que son de hace años. Solo recibí una advertencia y me pusieron una multa”, remarcó.
El congresista de Acción Popular Raúl Doroteo indicó que los fallos que le impuso el Poder Judicial ahora se encuentran en casación. Esta información la hizo llegar mediante Nilton Tasayco, trabajador de su despacho que dio los descargos del parlamentario.
“Dice dos sentencias, porque es en primera y segunda instancia, pero solamente es un caso, un proceso que está en casación”, informó Tasayco.
Finalmente, el congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional Óscar Zea, imputado por los delitos, de homicidio y falsificación, también recibió sentencia absolutoria y recalcó que está a la espera de la resolución de uno de los procesos.
“Nunca he sido condenado en ninguna instancia. Hay uno con auto de sobreseimiento y estamos esperando la resolución”, afirmó.
Hasta el cierre de la nota, Esdras Medina, José Pazo y Eduardo Salhuana, que también gozan de una sentencia, no contestaron la solicitud de la llamada.
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La palabra
Enfoque. Edwin Martínez, congresista
“No fui condenado en ninguno de los dos procesos (por abuso de autoridad y manejar bajo efectos del alcohol), que son de hace años. Solo recibí una advertencia y me pusieron una multa”.
No podemos normalizar la corrupción
Martín Salas, exfiscal anticorrupción
El exfiscal supremo adjunto anticorrupción Martín Salas, quien renunció al Ministerio Público cuando la institución quedó en manos de la fiscal Patricia Benavides, no dudó en cuestionar los antecedentes de los congresistas.
En declaraciones para La República, remarcó que “no debemos normalizar la corrupción”. En esa crítica, señaló que las investigaciones contra los congresistas aumentarán por los pactos sobre la mesa que hicieron varios parlamentarios con Benavides, destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“No podemos normalizar la corrupción. Si desde el Congreso se ven estos antecedentes, ahora sabemos por qué hubo negociados con Patricia Benavides y tratos sobre la mesa. Es una vergüenza. De hecho que las investigaciones aumentarán contra los congresistas”, dijo el exfiscal anticorrupción.
En esa línea, Salas instó a la ciudadanía a hacer sentir su voz de protesta ante la situación actual que se vive, con un Congreso cuestionado por las decisiones que se han ejecutado durante este periodo, en el que se vulnera toda norma con la finalidad de beneficiarse.
“La ciudadanía no puede callar. No es posible que estos congresistas cuestionados se mantengan en el cargo pese a los graves antecedentes y acusaciones actuales. Entre ellos se blindan y por eso no pasa nada. La población es la única que puede sacarlos alzando su voz de protesta”, sentenció.
