Las bancadas y sus intereses particulares

Por: María Elena Hidalgo y Milagros Berríos

No es casualidad que los 22 congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) decidieron abstenerse en otorgar el voto de confianza al gabinete del ex primer ministro Pedro Cateriano. Entre ellos se encontraba Jhosept Pérez Mimbela, el legislador que profirió públicamente una mentada de madre en agravio del presidente Martín Vizcarra.

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No debe olvidarse que Pérez lanzó el insulto la noche del 5 de julio, celebrando la aprobación de la propuesta de su compañero de partido, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade. Como Vizcarra criticó al Legislativo por resistirse al levantamiento de la inmunidad parlamentaria, Chehade planteó y consiguió que el Congreso diera el visto bueno a su proyecto de último minuto para que el presidente de la República también pueda ser denunciado por delitos contra la administración pública.

Ahora que ha sido plenamente identificado como el congresista que agravió a Vizcarra, se entiende el porqué de la actuación de Jhosept Pérez Mimbela: enfrenta investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción durante su mandato como alcalde provincial de Casma. Sin duda, con su voto de abstención en bloque, APP respaldó la actuación de Chehade y Pérez, en defensa de sus intereses particulares. Por eso, votaron al último, sabiendo que con la abstención Cateriano no alcanzaría la confianza.

Los que no dudaron en negarle el voto fueron 10 de los 11 congresistas de Unión por el Perú (UPP). Desde el comienzo los upepistas pretendieron aprovechar el Congreso para sus objetivos particulares, como buscar la amnistía de uno de sus dirigentes, Antauro Humala, y luego quisieron modificar la ley para permitirle que postulara a la presidencia. Sin embargo, el excontralor y congresista Edgar Alarcón ha conseguido tomar el control de la agenda de UPP para satisfacer sus propias pretensiones.

No obstante afrontar investigaciones por graves imputaciones durante su gestión en la Contraloría, Alarcón consiguió la presidencia de la Comisión de Fiscalización, instancia que abiertamente utiliza para sus fines personales. Por ejemplo, cuando una auditoría de la Contraloría reveló que había modificado varias veces sus declaraciones juradas por cambiar montos de sus bienes, Alarcón en el acto exigió a la entidad que le entregara información sobre los funcionarios que hicieron la investigación. No darle el voto de confianza al gabinete de Cateriano tuvo un notorio sabor a venganza.

En esta línea, no debería sorprender por qué los 11 parlamentarios de Podemos votaron contra el voto de confianza al gabinete de un primer ministro que rechazó algún retroceso de la reforma universitaria que afecta los intereses particulares de los fundadores y financistas de dicha organización política.

“No hay duda de que muchos congresistas traen consigo intereses particulares. Esto se explica porque no es necesaria una carrera política para lograr una candidatura y por los compromisos que genera el financiamiento privado, propio o ajeno. En particular, si no es transparente. Muchos, además, aún no entregan su Declaración Jurada de Intereses. Todo esto se expresa en sus decisiones tanto en las tareas legislativas como en el control político”, explicó el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra.

“Hay que distinguir los legítimos intereses partidarios de los particulares. Por ejemplo, ¿qué explica el rechazo de tantos congresistas al Acuerdo de Escazú? Quizá detrás hay intereses vinculados a actividades con impacto ambientales o sobre los recursos naturales respecto de los cuales tienen vínculos. De ahí la importancia de la transparencia sobre estos intereses”, apuntó Lanegra.

Cuando en su más reciente mensaje el presidente Vizcarra ratificó que “la reforma universitaria no se negocia”, aludió directamente a las bancadas cuyos representantes en la Comisión de Educación han promovido por lo menos cinco iniciativas contra acciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Se refirió a los legisladores vinculados con universidades sin licenciamiento.

Juego de intereses

Uno de los intentos más peligrosos de este grupo de trabajo tuvo que ver con la creación del Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau), una instancia que, por encima de la Sunedu, revisaría los licenciamientos denegados a las universidades privadas. Esta iniciativa se dio a conocer entre gallos y medianoche el último 12 de junio. Lo impulsaron los congresistas María Gallardo y Johan Flores (Podemos Perú), cuyo líder es José Luna, dueño de Telesup, hoy sin licenciamiento. Se les sumó también su colega Marco Pichilingue, de Fuerza Popular, quien estudió en Telesup.

Tras ello, y en medio de cuestionamientos, el presidente de la Comisión de Educación, Luis Dioses Guzmán (Somos Perú), anunció el retiro de esta propuesta. Sin embargo, a la siguiente semana se pretendió incluir un nuevo artículo para que las universidades privadas denegadas reciban un salvataje del Estado y puedan conseguir su licenciamiento institucional. Y también se dio marcha atrás.

Lo que sí aprobó la Comisión de Educación, con votos de Podemos, Fuerza Popular, APP, Acción Popular y UPP, fue solicitar facultades para conformar un grupo que investigue a la Sunedu por presuntas irregularidades en el licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Peruano Alemana (UPAL). El Pleno lo aprobó el 4 de julio a la medianoche, pese a que no estaba en agenda.

El presidente del Consejo Nacional de Educación, César Guadalupe, señala que el principio de independencia en la supervisión debe defenderse, al igual que la prevalencia del interés público. “En los últimos 6 años, siempre el objeto de resistencia ha sido el nivel de autonomía entre el ente supervisor y el supervisado. Desde que se aprobó la Ley Universitaria ha habido propuestas para cambiarla. El Tribunal Constitucional ha sido claro y dispuso la creación de una superintendencia estatal independiente a los supervisados”.

En el Congreso continuaron las arremetidas contra la reforma universitaria. El 17 de julio, el congresista Rubén Ramos (UPP), quien ha sido docente de la Universidad Andina Néstor Cáceres, de Puno, también denegada por Sunedu, anunciaba que, debido a que venían recibiendo varias solicitudes, invitarían a todas las universidades que no obtuvieron licenciamiento, como Telesup, Alas Peruanas, Garcilaso de la Vega y la Particular de Chiclayo.

Dentro de la Comisión de Educación existen, por lo menos, 9 legisladores vinculados a instituciones que no cumplieron con las condiciones básicas, entre ellos Marco Pichilingue (Telesup), Gilbert Alonzo, Julio Condori, (Unica), María Gallardo (Universidad de Chiclayo) y Jorge Pérez Flores (Garcilaso de la Vega).

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