Herramientas para obstruir el abuso de poder, por Paula Távara

En medio de inundaciones e incendios, el Perú afronta ya una emergencia climática anunciada, sin capacidad preventiva suficiente y con el Gobierno, literalmente, encomendándose a Dios.

Y en ese contexto, la oposición parlamentaria se ha fragmentado justo cuando más necesario se hace dar la batalla unida para garantizar una política de contrapesos y darle algún sentido a la bicameralidad que nos fue impuesta.

No se trata de cuestiones disociadas. Frente a un Ejecutivo que no tiene suficiente capacidad de actuación gubernamental ni siquiera ante la mayor crisis climática que vivirá el país, la oposición no debería perder su capacidad de presión y control, pues con ello se debilitan los mecanismos de contrapesos que permiten corregir los errores de la gestión y, a su vez, evitan los abusos de poder. No se trata solo de cómo actúan Keiko Fujimori y sus aliados, sino de determinar si la oposición está en capacidad de vigilar que el Ejecutivo responda por sus acciones, asuma responsabilidades y limite su uso del poder.

El fenómeno de El Niño (FEN) ha empezado a mostrar sus peores consecuencias y, aunque estaba anunciado, vuelve a encontrar a nuestro país sin la preparación necesaria. Las obras requeridas en las zonas que serán más afectadas no han sido concluidas en óptimas condiciones, y el Gobierno actual no ha sabido emplear estos primeros meses para apresurar realmente alguna acción trascendental.

Se hace evidente que la crisis política que nos ha acompañado la última década —y que tuvo entre sus protagonistas principales al actual partido de Gobierno— ha tenido entre sus consecuencias la inoperancia de los gobiernos de turno para completar las medidas de mitigación de riesgos.

Además, con gobiernos regionales cuyas nuevas gestiones empezarán a correr con la crisis ya en marcha, se hacía aún más urgente un real liderazgo del Ejecutivo nacional.

Sin embargo, la presidenta dice que «más no puede hacer» para prevenir posibles consecuencias. Y entonces, ¿por qué insistir y casi imponer las facultades delegadas bajo el argumento de que solo con ellas se podrá evitar que el desastre sea mayor?

Queda claro, entonces, que el centro del pedido de delegación de facultades nunca fue el FEN.

Pero el día jueves 22 de octubre, a pesar de las opiniones expertas, de los reclamos de algunos sectores y de los compromisos supuestamente asumidos, la Cámara de Senadores aprobó con 35 votos a favor delegar no 20 facultades, como determinó el dictamen de la Cámara de Diputados, sino 27. Esto incluye dar nueva capacidad operativa al servicio de inteligencia nacional.

Más allá de las facultades mismas, e incluso más allá del nefasto precedente que para la arquitectura constitucional de la bicameralidad representa esta aprobación, es particularmente grave ver cómo, a menos de 100 días de iniciada la legislatura, este tema ha llevado a la ruptura del bloque no oficialista y ha puesto los números ampliamente a favor del Gobierno.

Hasta ahora, la suma exacta de los 30 senadores no oficialistas permitió hablar de una oposición o alianza de freno para determinadas intenciones del oficialismo. Si bien solo 3 de los 4 partidos que componen este bloque se denominaban de oposición, lo cierto es que en conjunto habían asumido un rol de piedra de tope democrática importante, que representaba una real oportunidad de controlar los instintos autoritarios de este Gobierno.

Fue ese bloque unido, junto con la mayoría de la Cámara de Diputados que los mismos partidos garantizaban, el que obligó al Gobierno a reducir las 66 facultades legislativas solicitadas (y que abarcaban temas diversos y casi ninguno de emergencia) a solo 20 en el dictamen de la comisión.

Sin embargo, tras el pacto de Obras, la oposición en la Cámara Alta pasa a ser simbólica. Han dicho que no son un partido de «oposición, sino de solución» y ciertamente le han solucionado un escollo al Gobierno. Quizás en Obras prestaron demasiado oído a las palabras de la senadora Moyano sobre que «a veces es bueno ser autoritario» y se olvidaron de que la democracia representativa les dio bancada y que la ciudadanía que votó por ellos les esperaba en la oposición.

Tras esto, el oficialismo puede claudicar ya sin miramientos del diálogo democrático; le basta el autoritarismo de los votos.

En estas condiciones, creo que es necesario insistir en que las acciones coordinadas de Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú para tratar de evitar el dictamen de la comisión son herramientas válidas para la acción política y la acción parlamentaria.

Tras esto, se ha hablado de una disolución de facto de la Cámara de Diputados. Creo que es posible diferir de esta lectura, volviendo la mirada precisamente a las múltiples herramientas de acción parlamentaria.

Conviene recordar que las funciones parlamentarias no se agotan en legislar. La Cámara Baja conserva facultades de fiscalización, que resultan de suma importancia ante un Gobierno deficiente y de tinte autoritario.

Estas funciones se tornan esenciales durante una emergencia como la que se avecina: solicitudes de información y visitas inopinadas, interpelaciones y censuras a los ministros, revisión de la ejecución de los recursos y auditoría de cada decreto legislativo. La oposición podría poner la mirada y la puntería sobre cada una de esas competencias delegadas y utilizar todos sus mecanismos de control de la forma más coordinada posible.

Así, mientras que en lo legislativo se ha perdido mucho a partir de lo ocurrido, habría que incidir en emplear el poder parlamentario para ayudar a la atención de la emergencia, pero también para no dar tregua a un Gobierno que hoy se siente ganador.

Medios de comunicación y oficialismo les han llamado obstruccionistas. Lo cierto es que los abusos de poder, siempre, ameritan ser obstruidos.